TEMA 9. LA MONARQUÍA DE LA RESTAURACIÓN
Se denomina Restauración tanto a la época de la historia de España que comienza en 1875 al ser proclamado rey Alfonso XII (con lo que se restaura la monarquía borbónica tradicional tras el periodo revolucionario de 1868-74), como al régimen político que nace entonces. No hay ninguna duda sobre la fecha de comienzo de la etapa restauracionista, 1875, pero sí respecto a su final. Mientras algunos historiadores opinan que la Restauración se circunscribe al reinado de Alfonso XII (1875-85), otros lo amplían al de la regencia de María Cristina (1885-1902) y no faltan quienes incluyen también el reinado de Alfonso XIII (1902-31), al menos hasta la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera (1923). En este tema nosotros vamos a tratar los dos primeros periodos: los que corresponden al reinado de Alfonso XII y al de la regencia de María Cristina.
Durante la Restauración se produjo una cierta estabilización política, poniéndose fin a la etapa precedente (Sexenio Revolucionario), que había acabado en desastre. La Restauración heredó de épocas anteriores graves problemas: la miseria en que vivían millones de españoles, la guerra carlista en el norte y la colonial en Cuba, la desconfianza generalizada hacia la política y los políticos, el atraso económico y la falta de una verdadera burguesía emprendedora. A estos problemas se unirían otros nuevos, como el nacimiento de los nacionalismos vasco y catalán y la pérdida de las últimas colonias, lo que provocó la crisis de la identidad española surgida en 1898.
1. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA
La llegada al trono de Alfonso XII, hijo de Isabel II, se fue fraguando a lo largo de 1874. El proceso arranca con el golpe de estado protagonizado por el general Pavía (3 de enero), quien disolvió las Cortes de la I República. Se formó entonces un gobierno provisional presidido por el general Serrano, quien se dedicó a la lucha contra los carlistas, los cantonalistas de Cartagena y los independentistas cubanos. Entretanto Cánovas del Castillo negociaba secretamente con altos dirigentes del ejército y con la burguesía la restauración de la monarquía borbónica tradicional. El propio Cánovas convenció al joven príncipe Alfonso para que dirigiera un manifiesto al país (Manifiesto de Sandhurst) que él mismo redactó. El paso definitivo lo dio en diciembre el general Martínez Campos, quien con un nuevo golpe de estado acabó con el régimen republicano y proclamó rey a Alfonso XII, el cual llegaría a España para tomar posesión del trono en los primeros días del año siguiente.
El gran artífice de la Restauración fue el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien, aunque en su juventud había militado en el partido de la Unión Liberal y participado en la revolución progresista de 1854, con el paso del tiempo fue adoptando posiciones políticas cada vez más derechistas. En 1876 fundó el Partido Conservador a partir de personalidades que procedían de los antiguos partidos Moderado y Unión Liberal. Cánovas admiraba la estabilidad política de Inglaterra y su sistema bipartidista, por lo que quería trasplantar ese modelo a España. Pensaba que las instituciones tradicionales (Monarquía y Cortes) debían ser los pilares del nuevo régimen de la Restauración. No era en absoluto un demócrata, pues según él la democracia sólo podía desembocar en el comunismo. Por tanto defendió siempre el sufragio censitario, que sólo daba derechos políticos a los ricos. Tuvo a favor de su proyecto a la burguesía, cuyo miedo hacia la acción revolucionaria de las masas populares estaba justificado por las recientes revoluciones sociales (como por ejemplo el fenómeno cantonal). El clero y la nobleza también le brindaron su apoyo para volver al “orden” anterior al Sexenio Revolucionario (1868-74). Las tres clases citadas (alta burguesía, clero y nobleza) van a formar una oligarquía que manejará a su antojo el sistema con el fin de perpetuar su posición preeminente en la vida política, económica y social. En otras palabras, las ideas de Cánovas se concretan en la vuelta al moderantismo de época isabelina, pero con algunas modificaciones más de forma que de fondo. Cánovas fue varias veces presidente del Gobierno y murió víctima de un atentado terrorista en 1897.
A su llegada a Madrid (enero de 1875), el joven rey Alfonso XII se presentó conciliador, haciendo un llamamiento a todos los grupos monárquicos para agruparse en torno a su persona. Sus primeras medidas se encaminaron a establecer un nuevo orden que evitase los excesos del periodo anterior: acercamiento a la Iglesia, prohibición de algunos periódicos de la oposición, establecimiento de tribunales especiales para los delitos de imprenta, renovación del Ejército y de los cargos de ayuntamientos y diputaciones. Para evitar que en el futuro volviesen los pronunciamientos militares, el rey se convirtió en jefe supremo del Ejército, con mando efectivo. Esta última fue una medida acertada, pues sirvió para acabar, de momento, con el protagonismo político de los militares que había caracterizado a buena parte del siglo XIX.
También continuó la guerra contra los carlistas en el Norte, la tercera, que acabó con la victoria gubernamental en 1876, y en Cuba (hasta que el general Martínez Campos logró derrotar a los independentistas e imponer la Paz de Zanjón, 1878). Otra de las primeras acciones de gobierno fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron una aplastante mayoría al partido de Cánovas, el Conservador.
1.1. La Constitución de 1876
Cánovas dejó muy claro desde los primeros debates sobre la futura constitución que la institución monárquica estaría fuera de cualquier discusión. Pretendía que la constitución se redactara de una forma lo suficientemente abierta y flexible que permitiese la alternancia en el gobierno de los dos grandes partidos que aceptaban el sistema restauracionista: el suyo (Conservador) y el Liberal. De hecho durante la elaboración del texto constitucional apenas hubo discusiones, pues en casi todo había acuerdo entre ambos partidos, con dos excepciones significativas: la cuestión religiosa y la composición del Senado. Se puede decir por tanto que la Constitución fue pactada por conservadores y liberales, lo que demuestra el alto grado de coincidencia entre ellos. Finalmente su aprobación final tuvo lugar el 30 de junio de 1876. Estaría vigente hasta 1923, año en que el general Primo de Rivera la suspende. Es la constitución más longeva de toda nuestra historia (48 años de vigencia).
Sus puntos principales son:
§ Derechos a la libertad individual, inviolabilidad del domicilio, libre expresión, petición, asociación, reunión. Pero estos derechos fueron regulados mediante leyes orgánicas de una forma mucho más restringida que en la constitución de 1869.
§ Mayores poderes para el monarca que en la constitución precedente: el rey nombra y cesa libremente a los miembros del Gobierno (sin que sea necesario que éstos tengan la confianza de las cámaras), así como a una parte de los senadores; es el jefe máximo del Ejército; tiene la iniciativa legislativa (junto con las dos cámaras); puede disolver las Cortes.... En definitiva, el monarca disfruta de unas atribuciones que ya entonces tenían muy pocos reyes europeos. Esta participación activa en la toma de decisiones políticas someterá a la figura del rey a un gran desgaste.
§ Confesionalidad católica del Estado Español, que se compromete al mantenimiento del culto y del clero. Pero al mismo tiempo se tolera el ejercicio de cualquier otro culto en privado (art. 11).
§ La soberanía reside “en las Cortes con el Rey” (y no en la Nación, que es lo propio del progresismo).
§ Cortes bicamerales. La mitad de los senadores será designada por el Rey (de entre la nobleza, el alto clero y los grandes contribuyentes) y la otra es electiva. El Congreso será elegido por los ciudadanos que tengan ese derecho. El art. 28 está redactado de forma ambigua, por lo que no se manifiesta con claridad si el sistema de elección de diputados es universal o restringido. La ley electoral de 1878 estableció el sistema censitario, de manera que en la práctica sólo podía votar el 2´1 % de la población española (según señala Solé Tura). Más tarde, en 1890, se implantaría el sufragio universal masculino mediante una reforma de dicha ley electoral.
De lo anterior se deduce que el régimen político de la Restauración, del que la Constitución de 1876 es su principal exponente, es claramente autoritario aunque adopte una apariencia liberal. Esa doctrina política, muy propia del conservadurismo, se conoce con el nombre de liberalismo doctrinario.
1.2. El sistema político canovista
Las principales características de este sistema son el centralismo y el autoritarismo, aunque con apariencias liberales.
El centralismo se pone de manifiesto en las dos siguientes medidas que se adoptaron:
§ Abolición de los Fueros de las provincias vascas, como clara represalia tras acabar la tercera guerra carlista (julio de 1876). Se impulsaba así la unidad de códigos y por tanto la plena igualdad jurídica en toda España.
§ Reorganización de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que pierden autonomía de funcionamiento. Los alcaldes de las poblaciones con más 30.000 habitantes serían designados por el gobierno, el cual se encargará también de aprobar los presupuestos provinciales y municipales.
El autoritarismo del nuevo régimen queda de manifiesto al intentar imponer el orden a toda costa controlando a la prensa y a los grupos de la oposición al sistema. En esa línea hay que destacar las siguientes medidas:
§ El establecimiento de la censura previa para las publicaciones de menos de 200 páginas (en la práctica, todos los periódicos y muchos libros).
§ Se concede a la Iglesia el derecho a censurar los libros que pudieran atentar “contra la moral y buenas costumbres”. Para rematar el control, la Ley de Imprenta de 1879 consideraba delito a cualquier ataque contra el régimen político.
§ Prohibición de las asociaciones políticas (partidos) que no aceptasen la Constitución.
Más adelante el sistema de la Restauración fue lentamente evolucionando hacia posiciones menos autoritarias. Así durante una de las presidencias de Sagasta se reimplantó el sufragio universal masculino (1890) y se restablecieron la libertad de imprenta y de asociación.
Los dos grandes partidos “del sistema”, que aceptaban la Constitución y sus principios ideológicos, fueron el Liberal-Conservador (conocido por todos como Conservador) y el Liberal-Fusionista (llamado popularmente Liberal). Así como el Partido Conservador representaba a la derecha de toda la vida (nobleza, clero y alta burguesía), el Liberal se nutrió de antiguos progresistas de la época de Isabel II, así como de demócratas y algunos republicanos del Sexenio Revolucionario. Sus bases sociales las formaban los profesionales liberales, los comerciantes, los funcionarios y algunos militares, en tanto que su ideología era de centro-izquierda. El líder indiscutible de este partido fue Práxedes Mateo Sagasta, quien ocuparía varias veces la presidencia del Gobierno. Los dos partidos del sistema, Liberal y Conservador, se turnaron pacíficamente en el poder durante décadas y su actuación política cuando gobernaron fue muy parecida al estar de acuerdo en lo esencial.
1.3. El caciquismo
Otro elemento clave del sistema político de la Restauración fue la práctica del caciquismo. Consiste en la manipulación sistemática de las elecciones (sobre todo a partir de la implantación del sufragio universal), cuyos resultados controlaban los caciques, que por lo general eran terratenientes de zonas rurales o individuos que tenían mucha influencia en los pueblos o en las comarcas. La manipulación la hacían bien “comprando” los votos de los campesinos ignorantes, bien a través de la coacción (los caciques podían dar o quitar los puestos de trabajo), o también directamente mediante la falsificación de los votos (“dar el pucherazo”). Siempre ganaba el partido que le tocaba gobernar por turnos. Como los dos partidos del sistema (y la oligarquía que los sustentaba) estaban de acuerdo en lo esencial (defensa del capitalismo, la propiedad privada, la monarquía, el sistema político “de arriba a abajo”), ambos llevaron a cabo las prácticas caciquiles. El candidato oficial, llamado “encasillado”, sabía que tenía ganada la elección antes de que ésta se realizara. Como resultado de toda esta corrupción, con el tiempo se iría produciendo un abismo entre la “España oficial o legal” (en teoría liberal, constitucional, moderna y europea) y la “España real”, la de la miseria en que vivían millones de españoles, de ínfimo nivel económico y cultural (un 60 % de analfabetos en 1900) y escasa conciencia política, creándose así el consiguiente aumento del descrédito hacia la política y los políticos por parte de la mayoría de la población.
Pero tampoco debemos analizar el sistema desde una visión simplista. El caciquismo era mucho más que un recuento de artimañas electorales, coacciones, fraudes, pucherazos y sacos de duros que compraban votos y voluntades en un entorno rural pasivo y desmovilizado. Las actitudes de conformidad y deferencia de los campesinos formaban parte de una estrategia que tenía un objetivo básico, la reproducción de la unidad familiar y el acceso a los recursos de la tierra y a los servicios de la comunidad local. Los vecinos de los pueblos, que percibían un Estado lejano y extraño, utilizaban los medios que tenían a su alcance. El cliente, a cambio de fidelidad, esperaba del patrón beneficios relacionados con la tenencia de tierra, el precio de los arrendamientos, préstamos de capital, empleos estables y reparto de jornales. Y también todas una serie de ventajas administrativas, utilizadas de un modo arbitrario, resumidas en una famosa sentencia: “al amigo el favor, al enemigo la ley” (J. Casanova y C. Gil, 2012).
Todo ello fue denunciado por los intelectuales regeneracionistas (Joaquín Costa, Ángel Ganivet y algunos próximos la “generación del 98” como Ortega y Gasset, Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, etc.), sin ningún éxito.
1. El sistema canovista, ¿era democrático o antidemocrático? Justifica tu respuesta 2. Cuando calificamos la Constitución de 1876 como “abierta y flexible”, ¿a qué nos referimos? 3. Analiza la expresión: “al amigo el favor, al enemigo la ley”. |
2. LA PRÁCTICA POLÍTICA
2.1. El reinado de Alfonso XII
El reinado de Alfonso XII comenzó con una hegemonía política abrumadora del Partido Conservador, pero en los últimos años el Partido Liberal también accedió al gobierno, con lo que se inició la práctica política del turno de partidos.
Ø El dominio del partido conservador (1876-1881).
La presidencia de Cánovas se prolongó desde 1876 hasta 1881, aunque con un breve gobierno de Martínez Campos (marzo-diciembre de 1879), etapa conocida como «dictadura canovista» por el fuerte carácter autoritario de su política. Su objetivo era doble: garantizar la consolidación de la monarquía recién restaurada y construir un sistema político de orden y fuertemente centralizado.
En efecto, la política educativa del ministro Orovio exigió a los profesores universitarios que jurasen fidelidad al gobierno y se atuviesen en sus explicaciones a lo establecido. Esta medida llevó a desposeer de sus cátedras a varios catedráticos krausistas, como Giner de los Ríos, junto a otros que fundaron en 1876 la Institución Libre de Enseñanza[1].
El recorte de libertades se plasma en medidas de control de la libertad de expresión y de imprenta. Mediante una férrea censura en la prensa, sobre todo la republicana, con cierres, suspensiones y juicios, se trató de acallar las protestas. La ley de imprenta de 1879 distinguió entre libros y folletos o ediciones periódicas, centrando su control sobre estas últimas.
La libertad de reunión quedó regulada por la ley de junio de 1880, que establecía una división de partidos en legales e ilegales, lo que daba margen de maniobra para acciones represivas del gobierno. Esta ley fue derogada en 1881 por el Partido Liberal de Sagasta.
La ley electoral de 1878 marcó el carácter selectivo y autoritario del sufragio, pues redujo el censo de votantes a unos 800.000 españoles, hombres mayores de 25 años y que pagaran al Tesoro 25 pesetas anuales por contribución territorial. En la práctica, la ley privaba del derecho al voto a cinco de cada seis ciudadanos mayores de 25 años.
Esta etapa de gobiernos de Cánovas también permitió concluir varios conflictos pendientes desde la etapa del Sexenio la guerra carlista y la sublevación cubana.
§ El conflicto carlista, centrado en el norte, se saldó con la derrota Carlos VII y la ley de 21 de Julio de 1876, por la cual se abolían los fueros de las provincias vascas. Con esta tercera derrota, el carlismo entró en una fase de decadencia y reajuste interno, sin capacidad para la vía militar, pero la solución canovista –a pesar de la aprobación en 1878 de los conciertos económicos con los territorios forales–dio lugar al fuerismo y al nacionalismo vasco en los años noventa del siglo.
§ La guerra cubana, iniciada en 1868, adquirió nuevo rumbo con el envío de tropas en 1876 al mando de Martínez Campos, lo que permitió firmar la Paz de Zanjón (1878), que ponía fin al conflicto, que ha provocado más de 100.000 muertos. Se reconocieron algunas mejoras (amnistía, libertad de colonos y esclavos asiáticos), pero no concedía estatus de provincia española a la isla de Cuba. El problema estallará de nuevo dos años después, y de forma definitiva a partir de 1895.
También fue esta etapa muy activa en política exterior, al pretender Cánovas la colaboración con la Alemania de Bismarck, la potencia europea del momento. Pero los resultados fueron escasos, siempre bajo la protección de Alemania tras el acuerdo de diciembre de 1877.
Ø La consolidación del sistema (1881-1885)
Tras la petición al monarca de la necesidad de un cambio en el poder, Alfonso XII optó por la alternancia, y de esa forma Sagasta formaba gobierno. La llegada al gobierno del Partido Liberal de Sagasta en febrero de 1881 supuso la puesta en práctica de derechos y libertades, surgidos durante el Sexenio y que el Partido Conservador había postergado.
Las líneas básicas del gobierno liberal, que aún era visto por las clases conservadoras como heredero del radicalismo democrático, fueron:
§ Ejército y Marina. Se modernizaron con la ley de reclutamiento y reemplazo de 1883, las nuevas ordenanzas militares y la reorganización del Estado Mayor del Ejército.
§ Hacienda. Sagasta apoyó una política librecambista que fue atacada por sectores proteccionistas, especialmente por los industriales catalanes y vascos, que se beneficiaban de la protección de sus productos frente a las importaciones exteriores. También mejoró el sistema monetario, lo que favoreció el papel de la peseta tras su depreciación.
§ Administración local. Una ley de 1882 amplió el sufragio, pero el incumplimiento de su promesa de conseguir el sufragio universal propiciaría una crisis y la vuelta al poder del Partido Conservador en 1883. Se reorganizaron las finanzas de ayuntamientos y diputaciones.
§ Libertad de imprenta. La ley de imprenta de 1883 sustituyó a la de 1879 y su impacto se mantuvo hasta la ley Fraga de 1966. Suprimió las legislaciones especiales que limitaban la libertad de la prensa, lo que favoreció la libertad de expresión.
§ Instrucción. La reforma educativa planeada por Sagasta no se llevó a cabo en plenitud, ya que, aunque permitió que los profesores krausistas miembros de la Institución Libre de Enseñanza volvieran a sus cátedras, no se redujo la creciente presencia de la Iglesia en el sistema educativo.
El gobierno de Sagasta finalizó en 1883, a causa de una doble crisis: un enfrentamiento diplomático con Francia tras una visita de Alfonso XII a Alemania; y la sublevación militar republicana del verano de 1883, que fracasó y fue reprimida.
La última etapa del reinado de Alfonso XII dio el gobierno a Cánovas, quien tuvo que afrontar un conflicto diplomático con Alemania por las islas Carolinas, la epidemia de cólera de 1885 y la crítica situación social analizó la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 por el ministro liberal Moret.
El rey moría el 25 de noviembre de 1885 y se abría un nuevo periodo, el de regencia de su viuda María Cristina de Habsburgo-Lorena.
2.2. La regencia de María Cristina
María Cristina ocupó el cargo hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido en mayo de 1886. Aunque fue una etapa de continuidad del sistema surgido en el marco de la Constitución de 1876, varios aspectos destacan en estos años: la ebullición social, los problemas económicos, la inestabilidad política, el surgimiento del nacionalismo y la pérdida de las últimas colonias en 1898.
El fallecimiento de Alfonso XII había puesto en peligro todo el sistema de la Restauración, porque, aunque la reina estaba embarazada, Alfonso XII no tenía aún un heredero varón y cabía la posibilidad de que Isabel II reclamase de nuevo el trono. Por esta razón los protagonistas de la Restauración se pusieron de acuerdo para estabilizar la situación política. Para evitar el regreso de Isabel II al trono y asegurar la corona para el hijo de María Cristina, se llegó a un acuerdo de turno pacífico en el poder, en el llamado Pacto de El Pardo, por el que Cánovas cedía el gobierno al Partido Liberal. Con este turno pacífico el sistema se consolidaba, mientras que la Regente se mantuvo al margen del juego político. De esta forma la continuidad quedaba asegurada con la regencia de la reina viuda, la cual garantizó la sucesión de su hijo, el futuro Alfonso XIII.
Ø El “gobierno largo” liberal (1885-1890)
El «gobierno largo» de Sagasta (noviembre 1885-julio 1890) fue el de mayor duración de toda la Restauración. El nuevo gobierno emprendió una serie de reformas legislativas de carácter claramente liberal, que perduraron y tuvieron un efecto conciliador con la tradición democrática heredada de la revolución de 1868. Estas reformas fueron las siguientes:
§ La ley de asociaciones de 1887 legalizó los sindicatos obreros, reguló la presencia pública de las órdenes religiosas y permitió la celebración en 1888 de los congresos fundacionales de la Unión General de trabajadores (UGT) y del PSOE. Fue considerada en su momento como ley progresista y muy avanzada, ejemplo para otras legislaciones similares en Europa.
§ La ley del jurado de 1888 favoreció la libertad de prensa al suprimir la censura previa e impedir que la jurisdicción militar actuara en delitos de difamación o calumnia.
§ La ley de sufragio universal de 1890 estuvo envuelta en la polémica, pero su aprobación permitió integrar en el sistema a Ios republicanos posibilistas de Castelar. Sin embargo, su aprobación no condujo a la democracia, pues se mantuvo el fraude electoral y parlamentario.
§ El código civil de 1889 y la legislación de procedimiento administrativo (1888-89) mejoraron el funcionamiento administrativo del Estado liberal. Culminaba así un proceso de codificación iniciado con el código de comercio aprobado en 1829, que fue reformado en 1885, y se cerraba con el código civil, última pieza del nuevo orden social burgués.
§ La reforma del ejército fue otro de los asuntos que abordó el gobierno de Sagasta. La escasa eficacia de su organización, más pensada para mantener el orden público que para la defensa exterior, hacía necesario un cambio al que eran reacios los altos mandos militares. Las reformas del ministro Cassola con la Ley Constitutiva del Ejército buscaban acomodar esas fuerzas armadas a su tiempo, siguiendo el modelo del ejército prusiano. Pero la ley, después de debatirse en el Congreso en 1887-88, acabó siendo retirada y el ministro dimitió. Algunas de las reformas más polémicas, como el servicio militar obligatorio o el sistema de ascensos, se aplicaron por decreto años después.
La política exterior, de la mano del ministro Segismundo Moret, intentó dar mayor presencia a España en las relaciones internacionales. Se crearon embajadas en las principales ciudades europeas (Londres, Berlín, Roma o Viena) y España formó parte de la Triple Alianza dirigida por la Alemania de Bismarck, pero tuvo escaso peso en la división colonial que siguió al reparto de África tras el Congreso de Berlín (1884-85).
Ø La crisis de fin de siglo (1890-1898)
En julio de 1890, Sagasta tuvo que abandonar el gobierno a causa de la división interna en su partido. Durante esta década, no se introdujeron novedades en el funcionamiento del sistema del turno pacífico. Pero en la etapa final de la década surgieron tres problemas que desembocarán en la crisis de 1898: la situación de las colonias, la cuestión social y el auge de los regionalismos convertidos en nacionalismos.
En esta década los conservadores ocuparon dos veces el gobierno (1890-92 y 1895-97) y otras dos veces los liberales (1892-95 y 1897-99). En el primer gobierno conservador se produjo un enfrentamiento interno del partido Conservador entre Silvela y Romero Robledo; el trienio posterior con gobierno liberal tuvo que afrontar la crisis de Melilla y un nuevo levantamiento en Cuba, con un incremento de los movimientos independentistas tanto en Cuba como en las Filipinas.
En 1892 José Martí, héroe de la independencia cubana, creó el Partido revolucionario Cubano, y José Rizal la Liga Filipina. Ambos se oponían a la presencia española en sus territorios. La nueva sublevación cubana de 1895 dio lugar al inicio de otra guerra que acabó con la independencia en 1898. En 1897, tras el asesinato de Cánovas, Sagasta tomó el relevo y trató de aplicar una política más moderada en la isla, pero llegó demasiado tarde. La intervención estadounidense fue decisiva para el triunfo de la causa emancipadora.
Durante esta década se afirmó la estabilidad del sistema, pues las reformas legislativas de los liberales fueron respetadas por los conservadores cuando llegaban al poder. Dentro del Partido Conservador, la figura de Francisco Silvela significó el intento de introducir una «regeneración» de la vida política española, alejada de las prácticas corruptas comunes hasta entonces, pero fracasó en su intento. Solo tras el asesinato de Cánovas y el desastre de 1898, las tesis regeneracionistas de Silvela se abrieron camino en la política española.
Como trasfondo de la política colonial e interna, el debate proteccionismo-librecambismo enfrentó a industriales catalanes y vascos con los sectores partidarios de la libertad de comercio. La ley de 1882 y el arancel de 1891 habían protegido el mercado antillano de las importaciones foráneas, lo que favoreció a los industriales del textil catalán. La tendencia nacionalista de sectores de la burguesía industrial catalana a partir de 1890 estuvo relacionada con esos intereses comerciales.
4. La epidemia de cólera de 1885 en España, ¿por qué se destaca como un acontecimiento relevante? |
3. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA: REPUBLICANISMO, REGIONALISMO Y MOVIMIENTO OBRERO
Totalmente excluidos del sistema político de la Restauración (y al principio perseguidos) había varios grupos políticos: los carlistas, los republicanos, los partidos y sindicatos obreros y los regionalistas o nacionalistas.
3.1. Los carlistas
Los carlistas acababan de ser derrotados en la guerra por tercera vez y se hallaban por tanto en plena decadencia. El desaliento de la causa tradicionalista quedó en evidencia en 1885, después de la muerte de Alfonso XII, cuando el Vaticano y la jerarquía eclesiástica española apoyaron sin muchas reservas a la Regencia. Además, se dividieron entre los que, a regañadientes, acabaron aceptando el orden político liberal (y se integraron en el Partido Conservador, el más cercano a sus esquemas ideológicos) y los que se mantuvieron firmes en sus posiciones retrógradas de extrema derecha (su líder fue Ramón Nocedal), convirtiéndose en un grupo residual de muy escasa influencia, salvo en Navarra. En la última década del siglo, el carlismo, dirigido personalmente por el pretendiente Carlos VII desde su exilio en Venecia, intentó participar en la lucha política creando una estructura más sólida y moderna. Pero será de nuevo en octubre de 1900, después del desastre del 98, cuando se produjo una última intentona militar. Un sonoro fracaso que acabó de convencer a los más recalcitrantes de que en el nuevo siglo había que abandonar la senda clandestina de la conspiración, guardar las armas y los uniformes en el desván y seguir el camino de la política.
3.2. Los republicanos
Este partido se encontraba en retroceso tras la negativa experiencia de la I República. La mayoría de ellos eran intelectuales de izquierda, con poca conexión con la sociedad. Además estos republicanos, muy escasos en número, seguían divididos en varios grupos enfrentados entre sí puesto que lo único que tenían en común era su rechazo del sistema monárquico. El más prestigioso líder republicano era el moderado Castelar, brillante orador y antiguo presidente de la I República, que fue elegido diputado varias veces. También había un grupo federalista, el de Pi y Margall, cuyas ideas izquierdistas le acercaban ideológicamente al movimiento obrero. Otro de los grupos era el de los progresistas-demócratas de Ruiz Zorrilla, de planteamientos políticos más radicales. La tímida sublevación de 1883 y el fallido pronunciamiento del general Villacampa en 1886, fueron los últimos intentos de llegar a la revolución del brazo de los militares. La hora de la barricada había pasado y ello tuvo como resultado la experiencia de la Unión Republicana en 1893. Reorganizaron el movimiento, porque como decía Blasco Ibánez “no se podía esperar a que llegara cada 11 de febrero la conmemoración de la I República para hablar de revolución y regresar después tan frescos, metiéndonos en casa, a hacer acopio de palabras para el año que viene”. No obstante, la importancia del republicanismo era indiscutible entre la pequeña burguesía y las clases medias, pero también en el mundo del trabajo, donde competía con anarquistas y socialistas a la hora de representar el descontento popular frente a los límites de participación del sistema político.
3.3. El movimiento obrero
Se entiende por movimiento obrero la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de organizaciones sociales, sindicales o políticas. En sus inicios las organizaciones obreras españolas tuvieron un marcado carácter revolucionario, pues se oponían frontalmente al sistema económico capitalista que condenaba a los trabajadores a vivir miserablemente en beneficio de los empresarios (burguesía). Aunque existen precedentes en los años treinta y cuarenta del siglo XIX, en España las organizaciones obreras aparecen ya con cierta fuerza en la segunda mitad. Los grupos obreros más importantes son los anarquistas y los socialistas-marxistas.
Los anarquistas luchaban contra el estado porque éste (instituciones políticas, leyes, policía, ejército…) estaba al servicio de los empresarios o burgueses. La ideología anarquista defiende el derecho a la plena libertad de los individuos y es contraria a la participación política por medio de partidos o mediante el ejercicio del voto en las elecciones (ésta es una diferencia importante respecto a los marxistas). En España, la primera expansión del anarquismo, dentro de la AIT, había terminado con la insurrección cantonal y la desaparición de la I República. El movimiento volvió a salir a la luz en 1881 con la fundación de la Federación Regional de Trabajadores de la Región Española, una asociación que repartía sus apoyos entre Cataluña y Andalucía y que al año de su creación decía agrupar ya a 70.000 trabajadores. Pero las divisiones internas y la represión indiscriminada que sufrieron sus miembros terminaron con las esperanzas de forjar una gran organización de masas. El movimiento quedó escindido entre las sociedades que defendían la lucha sindical, las reivindicaciones laborales y la participación en movilizaciones generales, y los colectivistas ácratas que apostaban por las organizaciones secretas, la pureza doctrinal y las represalias violentas de la “propaganda por el hecho”. Entre las acciones terroristas de esos años destacaron en 1983 el atentado contra el general Martínez Campos y la bomba del Liceo de Barcelona, en 1896 la bomba contra la precesión del Corpus y en 1897 el asesinato de Cánovas del Castillo. Este terrorismo no era un rasgo original del anarquismo hispano sino un fenómeno de alcance internacional, con atentados sonados en Francia, Austria, Italia y en otros países. Lo peculiar del caso español fue la brutalidad de la represión, las torturas y las condenas de inocentes que hicieron tristemente famoso el “castillo maldito” de Barcelona, Montjuïc.
Los socialistas (marxistas) pretendían también hacer una revolución que derribara al estado burgués. Para ello había que crear un partido de la clase obrera (el Partido Socialista), que trabajara en la labor de concienciar a las masas y de preparar las condiciones necesarias para llegar a la revolución. Una vez en el poder, los socialistas emprenderían la tarea de suprimir las clases sociales y la propiedad privada. El fin último de ambas ideologías obreras (la anarquista y la marxista) era lograr la plena igualdad social.
El padre del socialismo español fue el tipógrafo madrileño Pablo Iglesias, quien fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que estaba destinado a ser el gran partido político de los trabajadores que preconizaba Karl Marx. Por tanto, la orientación marxista está presente en el PSOE desde su misma creación, y su programa se resume en última instancia en la conquista del poder político por la clase obrera, la conversión de la propiedad privada en colectiva y la abolición de las clases sociales. Pero a corto plazo los socialistas españoles se propusieron conseguir mejoras de tipo laboral (prohibición del trabajo infantil, jornada laboral de ocho horas, igualdad salarial para ambos sexos, seguridad social para todos los trabajadores…) y político (derechos de asociación y reunión, libertad de prensa, sufragio universal). A partir de la legalización en 1881, el PSOE fue creciendo con lentitud y pudo publicar su periódico oficial (“El Socialista”, 1886). En 1888 nació en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato hermano del PSOE que también tuvo su fundador en Pablo Iglesias, cuya finalidad era conseguir mejoras más de tipo laboral que político. La estrategia del aislamiento, la hostilidad hacia los anarquistas, su rechazo a colaborar con los “burgueses” republicanos y su lejanía de la realidad agraria limitaron mucho sus posibilidades de crecimiento, tanto en número de agrupaciones y asociados como en votos. Al terminar el siglo XIX, mientras los socialistas italianos y franceses podían presumir de grupos parlamentarios nutridos y los sindicatos británicos y alemanes contaban con cientos de miles de asociados, el socialismo español presentaba un pobre bagaje. En plena guerra de Cuba, la campaña contra la injusticia de las quistas, el “o todos o ninguno”, y la movilización contra los excesos de la represión gubernamental inauguraron un nuevo período en la historia del socialismo español, el inicio de una organización de masas con aspiraciones parlamentarias y el acercamiento hacia los republicanos.
3.4. Los regionalismos y nacionalismos
Varios motivos explican el auge de los nacionalismos (y de su versión más ligera, los regionalismos) a fines del siglo XIX. El primero es el conservadurismo de la oligarquía española que tuvo el poder durante la Restauración, que se tradujo en una política centralista y autoritaria, pretendiendo así ignorar las evidentes diferencias culturales e históricas existentes entre las distintas regiones. Por otro lado las dos regiones que verdaderamente se industrializaron fueron precisamente el País Vasco y Cataluña, cada una de las cuales tenía su propia lengua, tradiciones y cultura. La pérdida de las últimas colonias en 1898, que causó un fuerte perjuicio a la industria catalana sobre todo, se tradujo en una mayor desconfianza de amplios sectores del País Vasco y Cataluña hacia el gobierno español, al que acusan de ineficacia y de centralismo.
En Cataluña el nacionalismo tuvo en sus comienzos un carácter burgués y meramente cultural que reivindicaba la defensa de las tradiciones catalanas y el uso de su lengua vernácula. Este movimiento cultural se llamó la Renaixença. Sus principales representantes fueron Valentí Admirall y Prat de la Riba. Con el tiempo el movimiento catalanista fue adquiriendo un tono político autonomista (aspiraba a obtener un estatuto de autonomía), pero no independentista. En los últimos años del siglo XIX nacieron los dos primeros partidos nacionalistas catalanes de la época: en 1882 el Centre Catalá y en 1887 la conservadora Lliga de Catalunya. Gracias a Prat de la Riba ambos grupos acabarían fundiéndose en 1891, de cuya unión nació la Unió Catalanista. En su primera asamblea (1892) se aprobaron las Bases de Manresa, especie de programa político en el que se aboga por la constitución de un estado federal español que concediese una amplia autonomía a Cataluña a través de la creación de instituciones propias en su interior. En los años finales de siglo, el catalanismo informal evolucionó hacia la construcción de un movimiento político nacionalista, un camino sin vuelta atrás después de la derrota de 1898 y la pérdida del mercado colonial, cuando una parte importante de la burguesía comercial e industrial no encontró ya más razones para apoyar a los partidos que representaban al Estado liberal español. El resultado de este proceso fue, en 1901, la creación de la Lliga Regionalista, un partido conservador y autonomista, con líderes como Prat de la Riba y Francesc Cambó, que muy pronto consiguió el éxito electoral, el anuncio de una hegemonía que se iba a extender durante el primer cuarto del siglo XX.
En el País Vasco los orígenes del nacionalismo se remontan a la causa colectiva de la defensa de los fueros que habían hecho los carlistas. La abolición del régimen foral en 1876 fue considerada casi unánimemente como un ultraje y un atentado contra sus derechos históricos. La reacción en la sociedad vasca tuvo dos variantes: los que solicitaban la recuperación de los fueros y los que, dándolos por perdidos, quisieron aprovechar las circunstancias para conseguir alguna compensación económica por parte de “Madrid”. El nacionalismo vasco no era inicialmente burgués, sino que se nutría de los campesinos y clérigos derrotados en las guerras carlistas. Se trataba por tanto de los sectores más apegados a la tradición que se consideraban agraviados por las tendencias centralistas del gobierno. Además los elementos culturales vascos (lengua, folklore, deportes, costumbres) estaban amenazados no sólo por la política unificadora de España, sino además por la inmigración masiva de trabajadores españoles atraídos por los empleos creados con la industrialización vasca. El movimiento cultural y político de defensa de la identidad nacional cristalizó en la fundación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895 por Sabino Arana. En este contexto cabe situar la ideología de Arana, el lema “Dios y la ley vieja” desarrollado en una serie de concepciones basadas en el hecho diferencial lingüístico, el integrismo católico, la mitificación de la historia de Euskadi y la superioridad racial de los vascos sobre los españoles. El PNV desde el principio estuvo navegando entre dos aguas: las de los independentistas y las de los que querían una autonomía política pero aceptando la pertenencia a España. Estos últimos, integrados por la burguesía industrial y financiera (con un peso creciente por su potencia económica), fueron quienes impusieron sus tesis, pero utilizaron el radicalismo del otro sector con el fin de presionar al gobierno español para la consecución de las reivindicaciones.
Otros movimientos regionalistas de menor arraigo popular y escasa trascendencia política fueron los de Galicia y Andalucía, iniciados ya en el siglo XX. Sus líderes respectivos fueron Alfredo Brañas y Blas Infante. En ambos casos las pretensiones políticas se limitaban a la reivindicación de una autonomía política.
Para concluir con un tema de tanta actualidad, diremos que desde hace años existe un debate historiográfico en torno a la “debilidad” del Estado español en el siglo XIX. Borja de Riquer sitúa el centro de la cuestión en una interpretación de los nacionalismos periféricos no como una reacción a la presión del centralismo sino, muy al contrario, por la ineficacia del Estado a la hora de forjar una identidad nacional, por la incapacidad de la Administración para conseguir la unificación cultural y lingüística, impulsar la modernización económica y social y, por último, cohesionar e integrar políticamente a la mayoría de la población. Como defienden los historiadores Casanova y Gil, el Estado español tampoco contó con los instrumentos necesarios, ya que existía un raquítico sistema educativo incapaz de imponer un único idioma ni de extender los valores patrióticos y simbólicos de la nación, una tarea unificadora que tampoco se realizó en los cuarteles, con un servicio militar odiado por las clases populares. Además, en la época del imperialismo, de la exaltación del nacionalismo en los Estados europeos, a España le faltó un enemigo exterior definido. En su lugar, lo que vino fue el Desastre del 98-
5. ¿Qué diferencia a un anarquista de un socialista marxista?¿Y qué semejanzas presentan? 6. ¿Qué diferencias encuentras entre el nacionalismo catalán y vasco?¿Y qué semejanzas? |
4. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL: CUBA
El antecedente más cercano de la definitiva crisis colonial está en la Paz de Zanjón que en 1878 había puesto fin a la primera guerra de independencia cubana, después de diez años de enfrentamientos. En aquella ocasión el victorioso general español Martínez Campos había prometido a los isleños reformas administrativas y autonomía, con la intención de restar argumentos a los independentistas y conseguir la reconciliación. Surgieron entonces en la isla dos partidos: uno, el Partido Liberal Cubano, quería un estatuto de autonomía para la isla; el otro, compuesto por los grandes terratenientes españoles, era contrario a cualquier reforma o concesión que pudiera poner en peligro su posición privilegiada. Este último era el que tenía más influencia en los políticos de la península, por lo que consiguió que el prometido proyecto de estatuto de autonomía fuera rechazado en las Cortes tanto por el Partido Conservador como por el Liberal (1893). Este rechazo alimentó los deseos independentistas de un sector de la sociedad cubana. El Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí y de tendencia independentista y liberal, había nacido en 1892 y ahora consigue el apoyo de Estados Unidos, país que estaba interesado en controlar el Caribe, para lo cual necesitaba expulsar a España. Cuando en febrero de 1895 las Cortes españolas, con el fin de frenar los sentimientos independentistas cubanos, aprueban un estatuto de autonomía para Cuba, ya es tarde. Ese mismo mes estallaba la definitiva insurrección separatista de la isla. La muerte de Martí en acción de guerra sirvió para convertirle en mártir de su causa. Otros dirigentes independentistas le reemplazaron: Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Los más de 200.000 soldados españoles presentes en la isla se trataban, como señala el historiador Manuel Moreno, del mayor esfuerzo militar jamás llevado a cabo por una potencia colonial en América, un despliegue no superado hasta la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial.
El general Martínez Campos, enviado desde la península, intentó negociar con los independentistas una solución de compromiso, pero sin éxito. La táctica que utilizaron los insurrectos fue la creación de guerrillas apoyadas por la población civil, contra la cual el general no quiso actuar, por lo que tuvo que dimitir y volver a España. Además, la ayuda de los Estados Unidos a favor de los independentistas cubanos era cada vez mayor: comenzó con un tímido apoyo material (dinero, armas, municiones) pero fue creciendo con el tiempo. Otro general español, Valeriano Weyler, llegó para sofocar la rebelión con medidas represivas drásticas que incluían el confinamiento de la población civil en zonas controladas por el ejército español, con el fin de que no pudiese ayudar a la guerrilla (Reconcentraciones). Además, se llevó a cabo la destrucción de sembrados en aplicación de una política de tierra quemada pensada para eliminar los apoyos sociales y las bases económicas de los independentistas. Una estrategia de guerra a ultranza que desprestigiaba la imagen exterior de España, denunciada como cruel e inhumana.
Varios hechos precipitaron el final de la guerra. En primer lugar, la llegada del verano de 1897, que en medio de la temida estación de lluvias, se convirtió en el peor enemigo del Ejército español. Apenas un 4 por ciento de los más de 50.000 soldados españoles muertos en Cuba falleció por heridas de guerra. La gran mayoría cayó víctima de la fiebre amarilla, el paludismo, la disentería, la fiebre tifoidea y otras enfermedades tropicales que se cebaron un unos cuerpos agotados, mal alimentados y con una indumentaria inadecuada (J. Casanova y C. Gil). No era de extrañar que Máximo Gómez afirmara que sus mejores generales se llamaban junio, julio y agosto.
En segundo lugar, 1897 también fue el año en el que fue elegido presidente de Estados Unidos el republicano MacKinley, partidario de la anexión de Cuba. Por último, la muerte en atentado de Cánovas del Castillo en España, que llevó a la presidencia a Sagasta, el cual concedió plena autonomía a la isla (siguiendo el ejemplo británico de la Commonwealth), al tiempo que retiraba al general Weyler y le sustituía por el general Ramón Blanco. Los deseos expansionistas del nuevo presidente estadounidense se materializaron con la presencia amenazante del acorazado de guerra Maine, que fondeó en enero de 1898 en la bahía de La Habana con el pretexto de garantizar su seguridad de los norteamericanos que residían en la isla. El 15 de febrero el Maine se hundió tras una explosión, sin que todavía se sepa con seguridad qué fue lo que la provocó. La prensa norteamericana, sobre todo los prestigiosos periódicos “Journal” (del que era propietario el magnate Hearst) y el “World” (que pertenecía a su rival Pulitzer), creó en su país un estado de opinión favorable a la culpabilidad española empujando a su gobierno a declarar la guerra, lo que se produjo formalmente el 23 de abril de ese mismo año.
La guerra hispano-norteamericana se desarrolló en dos escenarios: Filipinas y Cuba. En Filipinas existía desde 1892 un movimiento independentista, cuyo líder era José Ritzal (Liga Filipina), que promovió una insurrección armada a partir de 1896. Ritzal fue apresado y ajusticiado por las autoridades españolas, pero la lucha por la independencia continuó con otro dirigente: Emilio Aguinaldo. No obstante el ejército español consiguió al principio dominar la situación. La entrada de Estados Unidos en la guerra, ya en 1898, fue decisiva para la victoria de los insurrectos (batallas de Cavite y Manila). En Cuba, al mismo tiempo (3 de julio), tenía lugar la decisiva batalla de Santiago de Cuba, en la que la escuadra española dirigida por el almirante Cervera fue aniquilada por la norteamericana, mayor en número y calidad de sus buques. En los días siguientes los norteamericanos ocuparon Cuba, Puerto Rico y Filipinas con escasa resistencia. El tratado de Paz entre Estados Unidos y España se firmó en París. A través de él España renuncia a la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. De esta forma lamentable y vergonzosa España perdía los últimos restos de lo que había sido hasta el principio de este siglo XIX el mayor imperio colonial jamás existente.
La conmoción que produjo el “Desastre del 98” dentro de España fue enorme. Súbitamente los intelectuales y la sociedad española en su conjunto descubrían con amargura “los males de la patria”: el atraso económico y cultural, la corrupción caciquil, la ineficacia de los políticos y del Ejército. Se avivó el sentimiento nacionalista de vascos y catalanes (resentidos contra el ineficaz estado español, incapaz de defender unas colonias en las que tenían fuertes intereses económicos), una ola de pesimismo invadió a la población, nació la generación del 98. Cada vez se hacía más evidente la necesidad de reformar en profundidad el sistema político, democratizándolo; de modernizar la economía; de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera y de los campesinos, de extender la educación a toda la población. Sin embargo, el sistema de la Restauración sería incapaz de dar satisfacción a estas demandas.
5. LA SOCIEDAD DE FINALES DEL SIGLO XIX
En 1900, la esperanza media de vida en España no llegaba a los 35 años, una cifra bajísima, muy por debajo de la media europea, que señala las difíciles condiciones de vida que tenía que soportar la mayoría de los 18,6 millones de habitantes. La elevada tasa de mortalidad y la altísima mortalidad infantil (de cada mil nacidos, 186 morían antes de cumplir un año) tenían que ver, sobre todo, con la falta de medidas higiénicas y sanitarias, con una alimentación deficiente, con la ignorancia de las causas de las enfermedades y de sus vías de transmisión y con el desinterés de la Administración. A esto también había que sumar la mortalidad provocada por enfermedades endémicas como la viruela, el sarampión, la disentería, el tifus, la tuberculosis o las peligrosas infecciones intestinales que tradicionalmente diezmaban a las familias de las clases populares. El proceso de transición demográfica apenas había comenzado.
Otro indicador relevante del retraso en el que se encontraba España respecto a los países más avanzados de su entorno era el analfabetismo, una carencia de una extensión alarmante para cualquier observador extranjero. En 1900, el año de la creación del Ministerio de Instrucción Pública, de cada 100 españoles en edad adulta, 56 no sabían leer ni escribir, un porcentaje que todavía era más alto en el caso de las mujeres o en regiones agrarias donde el trabajo intensivo en el campo ataba a los niños a la tierra sin haber alcanzado una instrucción básica. Escuelas rurales municipales mal dotadas, con maestros poco formados y peor pagados –«pasas más hambre que un maestro de escuela»–, una enseñanza urbana en manos de la Iglesia, con una red raquítica de institutos públicos provinciales y un reducido número de universidades, muy minoritarias, que vivían de espaldas a la renovación científica y la innovación tecnológica.
El tercer fenómeno que llama la atención, sin comparamos el caso español con el marco general europeo de entre siglos, es el tardío proceso de urbanización. Al terminal el siglo, Madrid y Barcelona apenas superaban el medio millón de habitantes y se podían contar con los dedos de las manos el número de ciudades que llegaban a los cien mil, prácticamente todas en la periferia peninsular. España era un país mayoritariamente rural. El 80% de la población vivía todavía en localidades que no superaban los 10.000 habitantes, un dato subrayado por el peso del sector primario dentro de la economía nacional. Las tareas agrarias producían más del 40% de la riqueza general del país y ocupaban el 68% de la población activa, un porcentaje que sería más elevado aún, seguro, si las estadísticas oficiales contemplaran el trabajo en el campo de las mujeres.
La persistencia de un modo de vida rural y campesino, las altas tasas de analfabetismo y la larga sombra de un régimen demográfico antiguo, todavía con ecos de pasadas hambrunas y epidemias, parecen rasgos propios de un país atrasado y estancado. Pero una imagen fija, la que hemos trazado en torno al año 1900, impide apreciar el cambio. Como ha subrayado David Ringrose, la España de inicios del siglo XX, aunque era cierto que se encontraba claramente detrás de los países más avanzados –miramos siempre hacia Gran Bretaña, Francia o Alemania–, había seguido una variante reconocible del camino europeo hacia el desarrollo. Un “patrón latino” de modernización, en palabras de Gabriel Tortella, con características y ritmos similares a los de Italia, Portugal o incluso Grecia. Más que de un fracaso secular habría que hablar, entonces, de un retraso relativo y de un crecimiento moderado, visible sobre todo en el último tercio del ochocientos. José Luis García Delgado ha resumido bien los signos apreciables de progreso material y de dinamismo económico. El producto per cápita había crecido casi dos tercios en la segunda mitad del siglo XIX, la red ferroviaria básica estaba prácticamente construida y la estructura industrial, aunque lastrada todavía por su arranque tardío y el peso de ramas como la alimentación y el textil, mostraba indicios de una incipiente diversificación productiva en campos como el de la siderurgia, la construcción, el material eléctrico o la fabricación de abonos y explosivos. Nuevos sectores, nacidos con la segunda Revolución industrial, y también nuevas técnicas aplicadas a elaboraciones tradicionales como las conservas vegetales y de pescado, el calzado, el papel, el aceite, el vino y la harina. El entorno de Barcelona seguía siendo, con diferencia, el primer núcleo industrial de España, seguido por Vizcaya y las cuencas mineras asturianas, pero también despuntaban otros centros como Madrid o Valencia, cada vez mejor conectados gracias al ferrocarril, el telégrafo, los primeros teléfonos y la generalización progresiva de la electricidad. El número de sociedades mercantiles registradas y la ampliación del sistema financiero, ayudado por el retorno de capitales indianos, constituían también buenos ejemplos de un tejido productivo dispuesto a aprovechar las oportunidades de crecimiento que iba a traer el siglo XX, un tren que España no perdió, aunque no ocupara uno de los vagones preferentes.
Algo parecido podría decirse respecto al sector primario español, acusado tradicionalmente de ser «el pozo de todos los males». El historiador Josep Puyol desmonta este tópico de inmovilismo semifeudal, del arcaísmo y el absentismo, para poner de relieve una realidad agraria bien diferente, mucho más dinámica y compleja. Si antes citamos la metáfora del tren para mostrar el despegue europeo hacia la modernidad, ahora encontramos la imagen de un gran árbol con un tronco común y varias ramas desiguales. Lo que ocurrió en el caso español, según el autor mencionado, es que el modelo europeo de desarrollo, al operar en las condiciones biológicas y medioambientales peninsulares generó menores tasas de crecimiento, fuertes desigualdades sociales y una larga serie de conflictos y enfrentamientos.
Según esta interpretación, de poco valían las nuevas técnicas de cultivo intensivo de la Europa atlántica en las regiones del centro y el sur del país, de predominio cerealístico, donde faltaban tanto el agua y el abono orgánico como una oferta tecnológica adecuada. A la maquinaria escasa se sumaban las limitaciones de los regadíos tradicionales y la gran cantidad de tierras que permanecían improductivas por el uso generalizado del barbecho y las reservas de pastos. Diferente fue la situación de las regiones húmedas del norte, donde convivían las explotaciones ganaderas y la agricultura de autoconsumo, y la de las zonas de regadío de la periferia mediterránea especializadas en cultivos de huerta y frutales, mucho más relacionadas con el comercio exterior. El uso intensivo de fertilizantes minerales y químicos, la renovación tecnológica y la intervención del Estado a través de planes hidráulicos para extender la superficie de regadío son procesos que pertenecen a la historia del siglo XX y que apenas se habían iniciado a finales de la centuria anterior. De todas formas, aunque fuera de una manera modesta, la agricultura española no dejó de crecer en el siglo XIX y mostró una notable capacidad de adaptación a los cambios y los retos del mercado.
Aunque en el cambio de siglo los indicadores macroeconómicos presentaban un panorama moderadamente positivo, como hemos apuntado, la percepción popular quedaba muy lejos de las estadísticas oficiales y de la comparación internacional. Lo que veían las clases inferiores era la miseria que se podía palpar en muchas comunidades rurales y en los barrios obreros de las ciudades. No tenían ninguna sensación de vivir mejor que sus padres, como ha señalado con acierto Juan Pan-Montojo, ni de haber abandonado la lucha cotidiana por la supervivencia. La pobreza era un problema muy extendido y permanente que amenazaba a tres cuartas partes de la población española. Los pobres “asistidos” por la Iglesia y los ayuntamientos eran un 2 ó 3% de la población. Un segundo grupo eran los “pauperizados”, un 20%, que incluían a las familias que resultaban atrapadas por la necesidad y buscaban el socorro público en los padrones de pobres. El tercer grupo y más números era un 60% de la población, los “pauperizables” que quedaban en el límite de la subsistencia, amenazados con caer en la pobreza en cuanto se presentara una coyuntura desfavorable, un problema familiar, una mala cosecha o un invierno crudo. Desde esta perspectiva, no era de extrañar que las clases populares percibieran con temor y hostilidad la variación de unos céntimos en el precio del pan, el anuncio de un recargo del odiado impuesto de consumos, la amenaza de desaparición de un recurso comunal o la llegada del sorteo de quintas que se llevaba los brazos de los hijos pobres que no tenían dinero para pagar la redención en metálico.
7. ¿Por qué el Desastre del 98 provocó tanta conmoción en la sociedad española del momento? 8. ¿Por qué Puerto Rico y Guam pasan a manos de EE.UU., mientras que Cuba y Filipinas ganan su independencia? 9. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del balance de víctimas de soldados españoles en la guerra de Cuba? 10. ¿Por qué podemos decir que la sociedad española de finales del XIX se mueve entre el cambio y la pervivencia? Argumenta tu respuesta. |
CONCEPTOS Y CRONOLOGÍA TEMA 9
1- Lliga Regionalista: partido político catalán creado en 1901, en Barcelona, como resultado de la fusión del Centre Nacional Catalá y de la Unió Regionalista. Sus dirigentes más destacados fueron Prat de la Riba y Francesc Cambó. Fue el partido más importante del catalanismo político hasta 1931.
2- Pacto de El Pardo: supuesto acuerdo establecido el 24 de noviembre de 1885 entre Cánovas del Castillo y Sagasta para alternarse en el gobierno del Estado. Con este acuerdo se pretendía fortalecer el sistema de la Restauración después de la muerte de Alfonso XII.
3- Caciques: notables locales cuyo nombre derivaba de los mediadores indios del Imperio español en América. En la Restauración eran el último escalón de las clientelas políticas que formaban los partidos del turno, y quienes se ocupaban de dirigir el voto de las personas de sus pueblos.
4- Marxismo: socialismo científico o comunismo. Teoría económica, social, política y filosófica elaborada por Karl Marx y Friedrich Engels, difundida a partir del Manifiesto Comunista publicado en 1848 y desarrollada posteriormente por otros autores. Surge de la crítica al sistema capitalista y propugna la organización de los trabajadores en partidos políticos para la conquista del poder y la transformación social, poniendo fin a la sociedad de clases, mediante la propiedad colectiva de los medios de producción.
5- Anarquismo: ideología que basa sus principios en la sustitución de la autoridad y jerarquía del Estado por la solidaridad y apoyo mutuo de los individuos y grupos sociales. Estas propuestas ideológicas han existido desde la antigüedad, pero es en el periodo contemporáneo cuando fraguan como teoría política y revolucionaria. Entre sus principales pensadores destacan Proudhon, M. Bakunin y Kropotkin.
6- Desastre del 98. Pérdida de los últimos restos del imperio colonial español (Cuba, Puerto Rico y Filipinas).
7- Encasillado. Una de las prácticas características del caciquismo. En Madrid, el Ministro de la Gobernación elabora el encasillado nacional de diputados que han de ser elegidos para asegurar la mayoría parlamentaria al gobierno; se decide qué personaje va a salir elegido por cada distrito electoral, con el que no tiene ninguna relación ni antes, ni después de ser elegido. Se le coloca en esa casilla electoral y "el cunero" sale elegido, esa es una de las funciones de los caciques de la zona. Práctica común durante la Restauración.
8- Turno pacífico. Sistema ideado por Cánovas del Castillo basado en el turno de los partidos conservador y liberal en el gobierno durante la Restauración. El poder obtenido no era expresión de la voluntad de los electores, sino del acuerdo y pactos previos de los dirigentes de los partidos.
Cronología:
Alfonso XII llega a España (1875)
Promulgación de la Constitución (1876)
Paz de Zanjón (1878)
Creación del Partido Socialista Obrero Español PSOE (1879)
Pacto de El Pardo (1885)
Nace Alfonso XIII (1886)
Se reintroduce en España el sufragio universal (1890)
Creación del Partido Nacionalista Vasco PNV (1895)
Asesinato de Cánovas del Castillo (1897)
Explosión del buque estadounidense Maine (1898)
Mayoría de edad de Alfonso XIII (1902)
[1] Institución libre de Enseñanza: institución educativa creada en 1876 por profesores separados de sus clases a consecuencia de su protesta contra los decretos de instrucción pública de 1875, atentatorios contra la libertad de cátedra. Sus fundadores fueron Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón, y se basaba en los principios de la filosofía krausista.
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