Tema 14. Tema: La España democrática.
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TEMA 14. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
Al producirse la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 acabó una etapa histórica que había arrancado de la Guerra Civil de 1936-39 y comenzaba otra con la vuelta de la monarquía encarnada por el rey Juan Carlos I de Borbón, a quien el dictador había nombrado sucesor en 1969. Por aquellas fechas el futuro político del país se presentaba muy incierto. Tres eran las alternativas:
§ El mantenimiento de las estructuras franquistas, pero ahora sin Franco (inmovilistas). El referéndum de 1976 y las sucesivas elecciones demostraron que este sector “ultra” era muy minoritario.
§ La ruptura democrática, que propugnaba toda la oposición. Solicitaban la formación de un gobierno provisional que legalizara a todos los partidos y sindicatos, concediera una amnistía para los presos políticos y convocara elecciones generales libres.
§ La reforma política, propugnada por el sector más moderado del régimen franquista y cuyo mejor representante fue Adolfo Suárez. Según éste, para evitar el riesgo de una nueva guerra civil había que pasar de la dictadura a la democracia paulatinamente (“sin prisa pero sin pausa”), mediante reformas alentadas desde el poder y respetando la legalidad franquista que seguía vigente.
Contrariamente a lo que opinaban la mayoría de los analistas políticos (porque la consideraban inviable y sin precedentes), esta última alternativa fue la que prosperó.
La transición a la democracia estuvo llena de dificultades y problemas, agravados en los primeros años por las consecuencias de una situación internacional de profunda crisis económica. Pero la voluntad democrática de la gran mayoría de los ciudadanos y la actitud moderada y conciliadora de los dirigentes políticos la hicieron posible. El resultado de estos esfuerzos fue la Constitución de 1978, cuyo texto fue “consensuado” entre casi todos los grupos políticos. De hecho, tanto la transición como la propia Constitución gozan de gran prestigio y han servido de modelo a diversos países latinoamericanos y del este de Europa que pasaron hace pocos años desde unos regímenes dictatoriales a otros de corte democrático.
En estos años de Democracia en España ha gobernado primero Unión de Centro Democrático (1977-82), después el PSOE (1982-1996), más tarde el Partido Popular (1996-2004), de nuevo el PSOE (2004-2011) y, desde noviembre de 2011, otra vez el Partido Popular. Uno de los hechos más transcendentes fue la integración de nuestro país en 1986 como miembro de pleno derecho en la Comunidad Económica Europea (hoy denominada Unión Europea), lo que ha posibilitado un fuerte desarrollo económico que nos ha ido acercando a los parámetros de bienestar de los países de nuestro entorno. También podemos concluir que actualmente el sistema democrático se encuentra firmemente asentado, quedando superada la incertidumbre de la época de transición, durante la cual se produjeron algunos intentos de la extrema derecha para volver a un régimen dictatorial.
1. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Todavía hoy los historiadores siguen discutiendo sobre los límites cronológicos del periodo de transición a la democracia, tanto respecto a su inicio como al final. Algunos historiadores opinan que esa etapa comienza con el atentado etarra que costó la vida al presidente del Gobierno Carrero Blanco en diciembre de 1973, personaje que parecía destinado por Franco para tutelar al entonces príncipe Juan Carlos cuando éste llegara a la Jefatura del Estado. Otros consideran que el inicio está en la fecha de la muerte del dictador (20-11-75). Y no faltan quienes lo aplazan, ya durante la Monarquía juancarlista, hasta la destitución del presidente Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez (1 de julio de 1976). Pero tampoco hay acuerdo en la historiografía sobre cuándo finaliza la transición, barajándose la de la celebración de las primeras elecciones libres (15 de junio de 1977), la de la aprobación de la Constitución (diciembre de 1978) o incluso la de la llegada al poder por primera vez del PSOE (octubre de 1982).
1.1. El periodo 1975-1977
El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, las Cortes franquistas aclamaban al rey Juan Carlos. El nuevo Jefe del Estado concedió una amnistía, aunque limitada, y ratificó a Carlos Arias Navarro en su puesto de presidente del gobierno. Es decir, daba una de cal (al acceder a una de las peticiones de la oposición democrática: la amnistía) y otra de arena, puesto que nombraba para el principal cargo político a un político que pretendía continuar el Franquismo.
Arias Navarro diseñó un programa de gobierno muy poco reformista, pese a los deseos del Rey, que incluía una cierta suavización del régimen en lo referente a libertades ciudadanas, pero sin aceptar en absoluto la idea de la necesidad de ir hacia una auténtica democracia. Además sus ministros estaban divididos entre reformistas e inmovilistas, por lo que el gobierno resultaba ser muy poco operativo.
La conflictividad social (más de 17.000 huelgas en el primer trimestre de 1976) y política es la característica más notable de este periodo. Hubo también graves incidentes: en Vitoria murieron cinco trabajadores en un enfrentamiento con la Policía y en Montejurra (Navarra) otros dos al enfrentarse los dos sectores en que estaba dividido el carlismo. Además la actividad terrorista de los etarras arreciaba, buscando sus víctimas principalmente entre miembros de las fuerzas de orden público y militares. El riesgo de que un sector del Ejército realizara un golpe de estado para acabar con el desorden y la inestabilidad era evidente. Este peligro, casi una obsesión, influyó decisivamente en la moderación de las fuerzas democráticas de oposición.
El fracaso del gobierno de Arias demostraba la imposibilidad de prolongar el Franquismo sin Franco. El 1 de julio de 1976 el Rey fuerza la dimisión de Arias y nombra como nuevo presidente a un personaje poco conocido hasta entonces: Adolfo Suárez. Éste prometió desde el principio que antes de un año habría elecciones libres y democráticas, así como la legalización de los partidos políticos y sindicatos. Sin embargo la oposición tenía muchas dudas sobre las intenciones del nuevo presidente, el cual comenzó a establecer contactos discretos con los líderes del PSOE (Felipe González) y PCE (Santiago Carrillo), partidos que todavía estaban fuera de la ley.
Suárez quería evitar a toda costa la posibilidad de que el Ejército se pusiera en pie de guerra y acabara la transición democrática con un golpe de estado. Para ello adoptó dos medidas: nombrar como ministro de Defensa al general Gutiérrez Mellado, un hombre liberal cuya misión sería controlar a los posibles militares golpistas; y prometió que la transición a la democracia se realizaría respetando la legalidad vigente, es decir sin apartarse de las leyes del Franquismo. Éste era el objetivo de la Ley para la Reforma Política, presentada a las Cortes en setiembre de 1976. Entre las presiones de Suárez, del presidente de las Cortes –Fernández Miranda– y del propio rey, los procuradores (que era como se denominaban los diputados de las Cortes franquistas) acabaron aceptando esta ley que implicaba su propia desaparición, es decir una especie de suicidio político. El 15 de diciembre de 1976 la Ley fue sometida a referéndum, consiguiendo una abultada mayoría de votos favorables.
En los meses que van desde diciembre de 1976 (referéndum de la Ley para la Reforma Política) hasta junio de 1977 (celebración de las primeras elecciones democráticas) la violencia callejera alcanzó sus mayores cotas, tanto por parte de ETA y el GRAPO (grupos de extrema izquierda) como de extrema derecha (atentado contra los abogados laboralistas de CC.OO. de Madrid, enero de 1977). La conflictividad en las universidades y en las empresas no cesó en ningún momento, contribuyendo así a crear la sensación de provisionalidad e inseguridad. Los rumores que hablaban de la inminencia de un golpe de estado militar, alentados por la prensa de extrema derecha, fueron permanentes. Tal y como había prometido, el presidente Suárez fue legalizando poco a poco a los partidos políticos y a los sindicatos. Fue especialmente conflictiva la legalización del PCE (que por entonces era el partido mejor organizado, con más militantes y más prestigio por su protagonismo en la lucha antifranquista), ocurrida el sábado santo de 1977 para aprovechar que muchos militares estaban de vacaciones de Semana Santa, queriendo evitar así una posible reacción golpista. Para muchos analistas políticos, la legalización de los comunistas constituyó el momento más delicado de toda la transición
Por fin, tras una intensa campaña, se celebraron con normalidad las primeras elecciones de la transición a la democracia el 15 de junio de 1977. El partido vencedor fue Unión de Centro Democrático, UCD, un partido de centro-derecha recién creado por el presidente Suárez (35 % de los votos). El PSOE, con el 30 % de los votos, ganó con holgura la “batalla de la izquierda” al PCE, que obtuvo unos resultados mucho más modestos de lo que se podía pensar dada su capacidad de movilización (sólo el 9 %). El partido de la derecha franquista, Alianza Popular, fue el otro gran derrotado (8 % de los votos). De todos los grupos nacionalistas, sólo los vascos de Arzallus y los catalanes de Pujol obtuvieron representación parlamentaria. La extrema derecha (Fuerza Nueva) también fracasó estrepitosamente.
1.2. El periodo 1977-1978
El nuevo gobierno de Suárez formado en julio de 1977 ya tenía la legitimación de las urnas. Sus objetivos a partir de entonces serán combatir la crisis económica, iniciar negociaciones con la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) con vistas al ingreso de nuestro país, realizar una profunda reforma fiscal, comenzar el proceso de descentralización política y administrativa y, como tarea más inmediata y de mayor trascendencia, entablar conversaciones con las demás fuerzas políticas con el fin de negociar la redacción y aprobación de una constitución.
Respecto a la economía, hay que recordar que desde 1973 se vivía en todo el mundo una grave crisis económica cuyos efectos se reflejaban en la subida desmesurada de los precios (inflación del 26 % en 1977), el aumento del déficit público, el cierre de empresas y el crecimiento imparable del desempleo. La coincidencia de la transición política de la dictadura a la democracia con esta coyuntura de crisis económica internacional (con el consiguiente malestar social) hizo temer a muchos por la recién nacida democracia. Recordemos que en el fracaso de la II República tuvo mucho que ver la situación económica (la Gran Depresión de los años treinta). El nuevo ministro de Economía (Fuentes Quintana) y el propio presidente Suárez consiguieron que en octubre de 1977 los partidos políticos, sindicatos y empresarios firmaran un gran acuerdo económico, conocido como los Pactos de la Moncloa.
Pero el asunto de más trascendencia de este periodo fue la negociación que permitió aprobar una constitución, la de 1978. En su artículo primero, la Constitución define a España como un “estado social y democrático de derecho”, indicando también que la Monarquía Parlamentaria es la forma política del Estado español (recordemos que los grupos de izquierda eran partidarios de la República, pero cedieron en sus principios al aceptar la forma de estado monárquica). Muy importante por su trascendencia en la configuración territorial es también el artículo 2, que habla de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, al tiempo que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Se pretendía de esta manera atender las reivindicaciones de los grupos nacionalistas, que aspiraban a obtener un estatuto de autonomía. Podemos decir nuestra constitución es una de las más liberales y avanzadas que existen actualmente.
1.3. El periodo 1979-1982
Una vez aprobada la Constitución al final de 1978, el gobierno de Suárez dimitió para convocar nuevas elecciones, que se celebrarían ya conforme a lo establecido en el texto constitucional recién estrenado. En estas segundas elecciones generales de la democracia (1 de marzo de 1979) los resultados variaron muy poco respecto a las primeras, y repitió triunfo UCD. Dos meses más tarde tuvieron lugar las primeras elecciones municipales con triunfo de la izquierda en las principales ciudades. Muchos socialistas, convertidos ahora en alcaldes o concejales, adquirieron una experiencia política de gobierno que les resultaría muy valiosa unos años después.
Durante los últimos gobiernos de UCD (1979-82) debemos señalar como acontecimientos más importantes los siguientes:
§ Continuó la actividad terrorista etarra, a pesar de la aprobación en 1979 de un estatuto de autonomía para el País Vasco. También Herri Batasuna, rama política de ETA, fue aumentando lentamente el número de sus partidarios y votantes.
§ Divisiones en el partido del gobierno, UCD, respecto a la concepción del “estado de las autonomías”, así como otras causas: el proyecto de ley que legalizaba y regulaba el divorcio, la falta de acuerdo con la Iglesia por el tema de la enseñanza. Todo ello, así como los intensos rumores de golpe militar, fueron las causas de la dimisión de Adolfo Suárez (29 de enero de 1981).
§ Precisamente cuando el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados se estaba celebrando la votación para investir al nuevo presidente que sustituiría a Suárez (Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD), fue cuando se hizo realidad el tan temido golpe de estado. Tuvo éste dos escenarios y protagonistas. En Madrid el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero al mando de un destacamento de guardias civiles tomó el Congreso y secuestró al Gobierno y a los diputados. Y en Valencia el capitán general Miláns del Bosch proclamó el estado de guerra y sacó las tropas a la calle en toda la región militar. Finalmente, ya en la madrugada, el Rey se dirigió a la nación por televisión, ordenando a todas las unidades militares volver a sus cuarteles. La rendición de los guardias civiles en el Congreso se produciría en la mañana del día siguiente.
§ La división interna de UCD se acrecentó tras la salida del gobierno de Adolfo Suárez. Hubo hasta cuatro grupos políticos en el Congreso formados por diputados que habían pertenecido a UCD. Incluso el propio Suárez abandonó el partido que él mismo había fundado para crear otro (Centro Democrático y Social, CDS), que fracasaría en elecciones posteriores.
La total ruptura de UCD obligó al presidente Calvo Sotelo a adelantar las elecciones generales, que se celebrarían el 28 de octubre de 1982. La victoria arrolladora del PSOE de Felipe González (con 10 millones de votos y mayoría absoluta), el hundimiento de UCD, el ascenso de AP (liderado por Manuel Fraga, que recogió muchos votos anteriormente centristas), y la caída en picado del PCE (que provocaría la dimisión de Carrillo como secretario general) son los aspectos más destacados de estas elecciones generales. El vuelco político fue tal que podemos hablar del fin de una etapa histórica y del comienzo de otra, en la que los socialistas serán dueños absolutos de la situación durante catorce años.
1. ¿Por qué se suelen destacar a los personajes del Rey, Juan Carlos I, y Adolfo Suárez como claves en el proceso de la transición? |
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
La discusión, elaboración y aprobación de la Constitución de la democracia fue el problema más complejo y de mayor trascendencia de todo el periodo de transición política. Para comprender la enorme dificultad que suponía esta cuestión debemos tener presente el contexto de crisis económica (crecimiento desmesurado del paro y de la inflación), malestar social, temor a un golpe de estado militar, acciones terroristas casi a diario, etc. En definitiva, los dirigentes políticos y la sociedad en su conjunto eran conscientes de la extrema debilidad de la recién nacida democracia, así como de la necesidad de renunciar a algunos de los principios políticos propios con el fin de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. En efecto, por primera vez en nuestra historia constitucional la ley suprema no era impuesta por el partido en el poder (UCD en este caso) sino que iba a ser pactada por las principales fuerzas políticas, que buscaron los puntos de vista comunes y dejaron de lado o cedieron en los aspectos donde no era posible el acuerdo. A esta forma de actuar se la llamó política del “consenso”. (El único precedente está en la constitución de 1876, la de la Restauración. Pero entonces sólo participaron en el pacto los dos partidos del sistema -Liberal y Conservador-, excluyendo de la vida política a los demás).
En su elaboración, el proyecto constitucional siguió un largo y complicado proceso que comienza en agosto de 1977 cuando se forma una Ponencia integrada por siete diputados en representación de UCD, PSOE, PCE, AP y Grupo Catalán, que se encargó de redactar un Borrador. La referencia a la “indivisibilidad de la nación española” del artículo 2 provocó la protesta del PNV (y la posterior abstención o voto negativo de este grupo en el referéndum). Después de superar distintos trámites, el Proyecto sería aprobado por las comisiones constitucionales y el pleno tanto del Congreso de los Diputados como del Senado (hubo que discutir y votar más de 3.000 enmiendas). En ambas cámaras el voto favorable al proyecto constitucional fue aplastante. Los pocos votos en contra o las abstenciones correspondieron a algunos diputados de Alianza Popular y de los grupos nacionalistas vasco o catalán. El 6 de diciembre de 1978 el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum, recibiendo el apoyo mayoritario del pueblo español (87´9 % de votos a favor; 7´8 % en contra; 3´5 % en blanco). Ya sólo faltaban los trámites de la sanción real (es decir la firma del rey, 27 de diciembre) y de la publicación del texto en el BOE (29 de diciembre).
La Constitución de 1978 consta de 169 artículos comprendidos en un título preliminar y otros diez numerados, además de varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y una disposición final. El título más extenso es el I (con 46 artículos, trata de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos) y el más corto es el X (que se refiere a la reforma constitucional, con sólo cuatro artículos). En su artículo primero, la Constitución define a España como un “estado social y democrático de derecho”, indicando también que la Monarquía Parlamentaria es la forma política del Estado español (recordemos que los grupos de izquierda eran partidarios de la República, pero cedieron en sus principios al aceptar la forma de estado monárquica). Muy importante por su trascendencia en la configuración territorial es también el artículo 2, que habla de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, al tiempo que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Se pretendía de esta manera atender las reivindicaciones de los grupos nacionalistas, que aspiraban a obtener un estatuto de autonomía. Los artículos del título I detallan con minuciosidad los derechos tanto individuales como sociales de los ciudadanos, sus deberes y las garantías de los derechos. Podemos decir que en ese terreno nuestra constitución es una de las más liberales y avanzadas que existen actualmente. Se establece en el art.14 la igualdad ante la ley de todos los españoles. Los poderes del rey (art. 62) son tan limitados que puede decirse que en la práctica no tiene ninguno, siguiendo la moderna tradición de las monarquías constitucionales europeas (el Rey reina, pero no gobierna). Las Cortes Generales están compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados es la cámara de representación política, mientras que el Senado se configura como una cámara de representación territorial (en donde están representadas las provincias y comunidades autónomas). El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso, y debe responder de su labor ante las Cortes tanto él como los ministros que designe. Se establece la posibilidad de que el Congreso censure la labor del Gobierno, en cuyo caso el presidente presentará la dimisión al Rey y será elegido automáticamente el diputado que encabece la moción de censura. La Justicia es independiente de los otros poderes (título VI). El más controvertido de todos los títulos fue el VIII, que se refiere a la organización territorial del estado español: tanto los municipios como las regiones que lo deseen pueden funcionar con autonomía. Hubo que negociar la lista de competencias exclusivas del estado y las que podrían traspasarse a las comunidades autónomas, lo que resultó enormemente problemático. Y no lo fue menos la distinción de dos categorías de comunidades autónomas: las históricas (denominadas en el mismo texto constitucional “nacionalidades”) y las demás (“regiones”). Éstas se sintieron agraviadas, lo que provocó el nacimiento de una oleada de nacionalismos en todas partes, incluidas las regiones que no tenían la menor tradición.
Desde su aprobación en diciembre de 1978 la Constitución española sólo ha sido sometida a una levísima reforma, que es consecuencia de la integración española en las estructuras de la Unión Europea. Se trata del art. 13.2, que ya preveía desde su redacción inicial la posibilidad de que ciudadanos extranjeros pudieran tener el derecho de sufragio activo (es decir, el derecho a votar) en las elecciones municipales. La reforma, consensuada por todos los grupos políticos, consistió en añadir “…y pasivo…”, abriendo así la posibilidad de que los ciudadanos de países de la U.E. que residan en territorio español puedan ser también candidatos en dichas elecciones.
Globalmente se puede afirmar que la Constitución de 1978 ha funcionado razonablemente bien. Durante su vigencia –que sigue hasta la fecha- España ha pasado de ser un “país en vías de desarrollo” (expresión muy usada en los años sesenta y setenta, que se refería a los países de nivel intermedio entre los desarrollados y los subdesarrollados) a estar considerado como uno más del mundo rico. Los niveles de renta y bienestar social de los españoles se han incrementado considerablemente, lo que demuestra que el marco político que supone la Constitución sí era el adecuado.
Uno de los problemas más complejos y trascendentes de la época de la transición (y que todavía sigue sin una resolución definitiva) derivaba de la aspiración de algunas regiones de autogobernarse mediante un estatuto de autonomía. Lo cierto es que históricamente sólo en dos regiones (País Vasco y Cataluña) y, en mucha menor medida otras tres (Galicia, Andalucía, Canarias), había arraigado un fuerte sentimiento nacionalista. El Franquismo, por su concepción centralista del estado, había perseguido las manifestaciones culturales y políticas de esas regiones. Por tanto la lucha antifranquista adquirió en el País Vasco y Cataluña un carácter al mismo tiempo pro-democrático y nacionalista, de reivindicación de su cultura autóctona y de rechazo hacia la españolidad impuesta.
La vuelta del presidente de la Generalitat en el exilio (Josep Tarradellas) permitió establecer provisionalmente un gobierno autonómico en Cataluña que recuperaba la legitimidad de la II República. En cambio en el País Vasco el problema era mucho más grave por la falta de acuerdo entre los distintos partidos respecto al territorio de la comunidad autónoma (polémica sobre la inclusión o exclusión de Navarra), y por el fenómeno del terrorismo etarra y las secuelas derivadas de él. Finalmente se aprobó la creación en 1977 de un Consejo General Vasco, precursor del actual gobierno autónomo. Entre los años 1979 y 1980 fueron aprobados los estatutos de autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia, tras ser sometidos a referéndum a sus respectivas poblaciones. Dichos estatutos han estado vigentes hasta nuestros días, aunque es probable que sean reformados próximamente. En el caso de Andalucía también hubo un polémico referéndum que igualaba su estatuto de autonomía al nivel de las nacionalidades históricas, a pesar de que esa región nunca había contado con estatuto autonómico. Finalmente todas las regiones en que se estructuró el país (17 en total) se convertirían en otras tantas comunidades autónomas entre 1980 y 1983, al aprobarse sus respectivos textos estatutarios (a ellas hay que añadir las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
2. ¿Por qué piensas que el sistema autonómico fue visto como una buena solución en 1978? |
3. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Y LA INTEGRACIÓN EN EUROPA
Ya se ha indicado que en el periodo 1977-82 gobernó la UCD, el partido fundado por Adolfo Suárez, ganador en las dos elecciones generales celebradas en esa etapa (1977 y 1979). Tras las diferentes divisiones de ese partido (que precipitaron la salida del mismo de su fundador), el Partido Socialista Obrero Español ganó por mayoría absoluta las siguientes elecciones el 28 de octubre de 1982. Se abría así una larga etapa durante la cual el PSOE ganó sucesivamente cuatro elecciones generales (1982, 1986, 1989 y 1993). Hay que esperar a 1996 para que otro partido, el Partido Popular (heredero de Alianza Popular), llegara al poder de la mano de José María Aznar. En el año 2000 el PP repitió triunfo, en este caso por mayoría absoluta. Y ya el 14 de marzo de 2004, contrariamente a lo que anunciaban las encuestas preelectorales, fue el PSOE el ganador con José Luis Rodríguez Zapatero. Vuelve a repetir en 2008, hasta que la crisis económica provocará el adelanto de las elecciones a 2011, momento en el que gana las elecciones el PP de Mariano Rajoy.
Únicamente vamos a hacer referencia a la integración de España en los organismos internacionales, saliendo así de la larga etapa de aislamiento que había comenzado al terminar la Guerra Civil. El primer paso lo dio el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en 1982, al decidir que España entrase en la OTAN (organización militar liderada por Estados Unidos), medida a la que se opuso toda la izquierda, incluido el PSOE. Felipe González se comprometió entonces a que cuando fuera presidente convocaría un referéndum sobre la permanencia o salida de dicho organismo. Una vez en el poder y presionado por los países occidentales (España estaba entonces negociando la entrada en la Comunidad Económica Europea), el PSOE cambió de posición y solicitó el voto favorable a la permanencia de nuestro país en la OTAN en un referéndum que se celebró en 1986. El 52,5 % del electorado votó “sí” gracias a la intensa campaña desarrollada por González.
Las negociaciones para la entrada de España en la CEE (Comunidad Económica Europea, posteriormente denominada Unión Europea) habían comenzado en tiempos de UCD, pero tardaron seis años en fructificar (ya en la etapa socialista). El principal escollo había sido Francia, cuyos agricultores veían con temor la amenaza de los productos españoles, de precios muy competitivos. Finalmente se cerró el acuerdo en 1985, entrando en vigor el 1 de enero de 1986. Este hecho ha tenido una trascendencia inmensa para nuestra economía. Los fondos europeos han servido para financiar las infraestructuras viarias y modernizar todo el tejido empresarial. El resultado ha sido un crecimiento casi ininterrumpido que ha hecho posible la mejora sustancial del nivel de vida en nuestro país.
3.1. Los gobiernos de Felipe González
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 cambiaron el mapa político de España. El PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta con el lema “por el cambio”. Felipe González dirigió la campaña con un discurso de izquierdas moderado que atrajo el voto útil. UCD, casi desintegrada, obtuvo unos resultados muy pobres, ocupando su lugar Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, que quedó como el segundo partido más votado. El PCE-PSUC redujo a la mitad sus votos y escaños. Insignificante fue el resultado del CDS de Suárez. Solo 105 nacionalistas mantuvieron estable su voto.
El PSOE obtuvo la mayoría absoluta en octubre de 1982 y Felipe González alcanzó la presidencia del gobierno, en la que se mantendría hasta 1996, la mayor parte de ese tiempo con mayoría absoluta en el Congreso (solo tuvo mayoría relativa durante su última legislatura, 1993-1996). Esto otorgó una gran estabilidad a sus gobiernos.
El aspecto negativo de las mayorías absolutas fue que propiciaron el abuso de poder y desvirtuaron la función de algunas instituciones fundamentales, como las Cortes, que apenas pudieron ejercer el papel de control sobre el ejecutivo. Además, la falta de control facilitó que muchos se enriquecieran al amparo del poder. La segunda mitad de los ochenta fue propicia en casos de corrupción y en el desarrollo de una cultura basada en el éxito y el enriquecimiento rápido, que vino a constituir la llamada «cultura del pelotazo».
Ø Una política reformista
La política de González fue moderada, continuista y, durante los primeros años, dirigida ante todo a consolidar la democracia. Su victoria parecía poner fin a la transición, al conseguir que un partido político antifranquista obtuviera el gobierno a través de unas elecciones democráticas.
Desde el principio el gobierno fue adoptando una serie de reformas que supusieron la transformación y la modernización de España, que pasó a consolidarse como un país desarrollado.
§ Se reformaron instituciones fundamentales, como el ejército, para contrarrestar movimientos involucionistas, y la administración del Estado.
§ Se modificó el código civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
§ Se aprobó un cambio en los diferentes niveles del sistema educativo a través de diversas leyes (LODE, LOGSE, LRU).
§ Se aprobó la ley del aborto, muy protestada por la Iglesia católica.
§ Hubo una intensa labor de modernización de las comunicaciones: carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones y ferrocarriles con la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
§ Se inició una verdadera política social, con la generalización de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas o el Plan del Empleo Rural (PER).
El terrorismo, principalmente de ETA, continuó siendo un gran lastre social a lo largo de las cuatro legislaturas. El gobierno desplegó una política de reinserción de presos, de pactos con el resto de las fuerzas políticas, incluso de negociaciones secretas con la banda terrorista para poner fin a sus actividades a cambio de determinadas concesiones, combinado todo ello con la presión policial. Al principio, Francia, convertida en «santuario» de la banda terrorista, fue reacia a colaborar con el gobierno español. Solo a partir de mediados de 1984 empezó a cambiar su actitud.
Ø La política económica
El gobierno adopto diversas medidas para contrarrestar la crisis y afrontar los problemas estructurales de la economía española. La primera medida fue la devaluación de la peseta, seguida de la contención salarial, la disminución de la inflación, que pasó del 14 % al 8 % entre 1982-1985, y el aumento de la productividad. Pero no se logró la contención del desempleo durante toda la etapa de gobierno socialista
Uno de los asuntos económicos más relevantes de los primeros años fue el caso Rumasa. El gobierno detectó problemas de liquidez e irregularidades en los bancos del holding de Rumasa. En 1983 el ministro de Economía, Miguel Boyer, expropia primero y reprivatiza después todas las empresas el grupo. El proceso fue largo y costoso tanto judicial como económicamente por las pérdidas que supuso al erario público. La reprivatización fue compleja, con irregularidades y en ocasiones opaca.
Otro de los proyectos más problemáticos fue la reconversión industrial, diseñada por el ministro Carlos Solchaga. Había que sanear, racionalizar y reordenar los sectores en crisis, como el textil, el naval, el minero-siderúrgico o el de bienes de consumo. El proceso fue muy duro por sus consecuencias humanas, pues supuso la reducción de plantillas y aumento del paro, que alcanzó tasas del 22% en 1985. Las protestas se sucedieron y se hizo ostensible el desencanto político. Para muchas personas era difícil entender que tales medidas vinieran de un gobierno socialista.
El gobierno, de acuerdo con los Pactos de la Moncloa, realizó una reforma fiscal que afectó tanto al trabajo de las personas físicas (IRPF) como al patrimonio y aumentó la presión fiscal. Con ello pretendía una mejor redistribución de la renta, de manera que pagasen más quienes percibían mayores ingresos. El Estado dispuso de más dinero para mejorar y aumentar el Estado de bienestar en prestaciones por desempleo, sanidad, educación, autonomías o infraestructuras. A partir de 1986 entró en vigor el nuevo impuesto indirecto del IVA, que sustituía al sistema anterior, equiparando la tributación española a la de la CEE.
Los ajustes económicos dieron sus frutos, y desde 1985 hasta 1992 España experimentó un crecimiento económico notable. Se redujo la inflación, aumentaron las exportaciones, se equilibra la balanza de pagos y se proyecta la imagen de una España dinámica y moderna a través de la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Las inversiones públicas recuperaron buena parte del empleo, aunque fue muy desigual a nivel nacional, favoreciendo a las Comunidades de Andalucía y Cataluña. No obstante, la recesión de 1993 volvía a afectar a España y el paro superó los tres millones, el 25 % de la población activa.
Algunas medidas económico-sociales de los distintos gobiernos de González disgustaron a los sindicatos, que las consideraron antisociales. Nicolás Redondo, dirigente de la UGT y diputado del PSOE, se distancia del proyecto gubernamental y abandona su escaño en el Congreso en señal de protesta. La regulación restrictiva de las pensiones hizo saltar las alarmas sindicales, y UGT Y CCOO convocaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Su éxito fue un duro golpe para el gobierno, y las relaciones entre UGT y PSOE se deterioraron.
La unidad sindical se mantuvo y se volvieron a convocar huelgas generales en 1992 y 1994 ante el crecimiento del paro, la pérdida del salario real y el plan de ocupación juvenil, aunque carecieron del éxito anterior.
Ø Las relaciones exteriores
La política exterior de los gobiernos de Felipe González fue muy activa. Se orienta hacia Iberoamérica y Europa, aunque también se prestó atención al norte de África, especialmente Marruecos, y se establecieron relaciones diplomáticas con Israel (1986).
Sin embargo, el primer asunto con el que debió enfrentarse el gobierno socialista en materia de asuntos exteriores fue el del referéndum de la OTAN. El PSOE prometió en la campana electoral de 1982 un referéndum para anular la decisión parlamentaria de ingresar en la OTAN. Su victoria congeló la adhesión, pero su actitud fue cambiando con el tiempo. En el referéndum convocado para el 12 de marzo de 1986 el gobierno dio un cambio radical a sus anteriores posiciones y apoyó el «sí» a la permanencia en la organización. Gran parte de la izquierda seguía prefiriendo la salida de la OTAN, y además el primer partido de la oposición, Alianza Popular, optó por la abstención en lugar de apoyar el «sí». Aunque el gobierno ganó la consuIta, se evidenció una fuerte oposición a su cambio de postura.
Sin duda, el tema más importante fue la integración en la CEE. Las negociaciones fueron complicadas y Francia puso muchas dificuItades. Pero el golpe militar del 23-F, la victoria del PSOE y la actitud favorable de Alemania allanaron el camino. El 12 de junio de 1985 se firmaba la adhesión. Se cumplía el fin de un sueño. El período de adaptación comprendió hasta enero de 1993, fecha en la que desaparecieron los aranceles y las trabas a la libre circulación de personas y capitales.
La integración tuvo algunas consecuencias iniciales negativas para el sector primario y para la balanza de pagos por el aumento de las importaciones. Pero los beneficios posteriores fueron mucho mayores gracias a los fondos de cohesión y a las ayudas para el desarrollo. España superaba el aislamiento tradicional y entraba en una nueva fase de relaciones exteriores.
España participó en todos los proyectos europeos y se comprometió en el Tratado de Maastricht (1992), que fundó la Unión Europea. También apoyó la creación de la moneda única, el euro. El compromiso para converger con Maastricht exigía una serie de condiciones económicas respecto a la tasa de inflación, al volumen de la deuda pública, el déficit público, el tipo de cambio y los tipos de interés. Los gobiernos de Felipe González y luego de José María Aznar se esforzaron por cumplir con esas exigencias.
El balance de la política exterior fue muy positivo y España recuperó un lugar en el panorama internacional que había perdido hacía mucho tiempo. El punto álgido fue posiblemente la convocatoria de la conferencia de paz sobre Oriente Medio en Madrid en 1991.
Ø La crisis del PSOE
Las elecciones de 1989 marcaron el descenso del PSOE, al tiempo que se reorganizaba la derecha bajo el liderazgo de José María Aznar y Alianza Popular pasaba a llamarse Partido Popular (PP). La tendencia descendente del PSOE siguió en 1993, cuando perdió la mayoría absoluta, mientras la derecha ganaba votos y escaños. El PSOE tuvo que pactar con las minorías nacionalistas su apoyo a cambio de cesiones autonómicas.
Las mayorías absolutas de las elecciones anteriores habían propiciado un estilo de gobierno que no tuvo en cuenta a la oposición ni a las cámaras; se dijo que actuó como un «rodillo». A la sombra de este gran poder crecieron los abusos y aumentó la corrupción, por lo que una parte del electorado perdió la confianza en el PSOE y le negó su voto. Entre los casos más destacables que afectaron a la credibilidad del gobierno y del partido que lo apoyaba cabe apuntar:
§ El «caso Guerra», que se desató al saberse que el hermano del vicepresidente utilizaba sus influencias para hacer negocios privados. Felipe González defendió a Alfonso Guerra, que más tarde se vio forzado a dimitir.
§ El caso Filesa y otros similares, organizados para financiar al PSOE a través de tramas ilegales.
§ Los escándalos de corrupción de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, entre otros, que utilizaron sus cargos públicos para enriquecerse.
§ La «guerra sucia» contra ETA a través de otro grupo terrorista, los GAL, en que se vieron implicados varios políticos y altos cargos del ministerio del Interior, que usaron los fondos reservados para acciones ilegales.
§ Ciertas privatizaciones de las empresas de Rumasa poco claras.
El ambiente de corrupción se extendió a otros partidos y cundió la sensación de que era algo general y aceptado desde el poder. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la denuncia de estos hechos.
Como consecuencia de todos estos problemas el apoyo electoral al PSOE descendió notablemente. En las elecciones europeas de 1994, el PP obtenía el 40 % de los votos frente al 30 % del PSOE. En las andaluzas, el PSOE ganó por un margen muy ajustado. Esta tendencia se manifestó también en las autonómicas y municipales de 1995: en las primeras el PP ganó en la mayoría de las autonomías y en las segundas consiguió las alcaldías de las ciudades más importantes. La España urbana votaba al PP y la rural al PSOE. Algo había cambiado.
Ante la situación poco favorable y la presión cada vez mayor de la oposición, el presidente del gobierno decidió adelantar las elecciones legislativas al 3 de marzo de 1996. El PP ganó las elecciones sin alcanzar la mayoría absoluta que preveían las encuestas. El PSOE cerraba una etapa en la que se había consolidado la democracia y España se había convertido en un país moderno plenamente integrado en su contexto europeo.
3.2. Los gobiernos de José María Aznar
Las elecciones de marzo de 1996 dieron un nuevo giro a la política con la victoria del centro-derecha liderado por José María Aznar, aunque con un estrecho margen sobre el PSOE. Durante la primera legislatura popular el gobierno necesitó llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas por la precaria minoría parlamentaria. Las cosas cambiaron tras las elecciones del año 2000, que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular.
Ø La política interior
La primera victoria del PP fue reducida, así que tuvo que pactar con los partidos nacionalistas su investidura a cambio de nuevas cesiones económicas, entre ellas la posibilidad de recaudar el 30 % del impuesto sobre la renta. Las negociaciones fueron duras, ya que las relaciones del PP con los partidos nacionalistas en la legislatura anterior habían sido muy tensas. Sin embargo, en el discurso de investidura Aznar se mostró moderado, europeísta, dialogante con todas las fuerzas políticas y sociales y, además, defendió el Estado de bienestar y de las autonomías.
Poco después se firmaba el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social con los sindicatos CCOO y UGT, que garantizaba las pensiones y su poder adquisitivo. En 1997 se pactaba la reforma laboral para luchar contra el paro y la precariedad en el empleo. El paro se redujo del 22 % al 15 % entre 1996 y 1999. Aznar quería presentar una derecha moderna, capaz de llegar a acuerdos.
El gobierno del PP mantuvo la política del PSOE respecto a los criterios de Maastricht exigidos para formar parte de los países participantes en la moneda única. Con los deberes hechos, en 1998 España pasaba el examen y se unía a los países que adoptaban el euro como moneda única, que entraba en circulación el 1 de enero de 2002.
Igualmente, la política económica del PP continuó la del gobierno anterior en la lucha contra la inflación, el control del gasto público y la disminución del paro. La bonanza económica y las medidas tomadas favorecieron el crecimiento estable de la economía, permitiendo que las inversiones españolas en el extranjero superasen a las extranjeras en España.
Sin embargo, la política privatizadora de empresas públicas y de liberalización de algunos servicios públicos fue muy criticada. Los gobiernos de Felipe González ya habían iniciado un proceso de privatización parcial, pero el Estado mantenía la mayoría del capital y, por tanto, el poder de decisión. El ministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo Rato, cambia la tendencia y privatizó totalmente las empresas estatales con el fin de liberalizar la economía. Los ingresos para el Estado fueron extraordinarios, pero la oposición criticó la privatización solo de las empresas más saneadas, rentables y bien gestionadas (Endesa, Argentaria, Repsol, Tabacalera, Telefónica), mientras permanecían en manos del Estado las que tenían pérdidas. Por otra parte, se acusó al gobierno de que al frente de las compañías figurasen siempre personas próximas al PP.
Una de las iniciativas más sorprendentes del gobierno del PP fue la abolición del servicio militar obligatorio para 2002. Su programa electoral solo recogía la reducción a seis meses. En 1998, el Congreso de los Diputados aprobaba con los votos del PP y de sus socios nacionalistas la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Este cambio, aunque repentino, parecía necesario ante el aumento de la objeción de conciencia.
El constante crecimiento de la inmigración fue regulado en principio por los gobiernos socialistas y más tarde por la Ley de Extranjería del PP de diciembre de 2000. Pero las leyes se fueron mostrando incapaces de contener el número creciente de inmigrantes que llegaban de forma irregular. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones humanitarias se han implicado en la solución, que cada uno ve de forma distinta.
La victoria electoral conseguida por mayoría absoluta en el 2000 cambió la estrategia política del PP y, al no tener que pactar con los nacionalistas, se distanció de ellos y aumentaron los problemas autonómicos.
Aznar heredó el problema del terrorismo etarra y luchó por su erradicación como todos los gobiernos. Consiguió que se crease un espacio europeo en el que las policías de los países de la UE colaborasen contra el terrorismo. Especialmente fructífera fue la colaboración con Francia.
En 1997 ETA protagonizó una escalada terrorista con actuaciones de tremenda repercusión social, como el brutal secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara y el asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que provocó una auténtica movilización popular en España.
La organización etarra declaró una tregua unilateral en septiembre de 1998 con el fin de reorganizarse. Mientras, los nacionalistas vascos habían sellado el Pacto de Estella con ETA para buscar la soberanía a cambio de poner fin al terrorismo. ETA rompió la tregua catorce meses más tarde y reinició los atentados y los asesinatos. Pero las fuerzas de seguridad estrecharon el cerco sobre la banda, que se vio acosada y debilitada.
EI final de la segunda legislatura se vio marcado por el acto terrorista más grave de la historia de España y uno de los más graves que ha sufrido el mundo occidental, los atentados del 11 de marzo en Madrid, protagonizados por el terrorismo islamista. Tres días antes de las elecciones generales, un comando terrorista colocó una serie de bombas en varios trenes de cercanías abarrotados de gente que iba a trabajar. Como consecuencia murieron casi doscientas personas y más de mil resultaron heridas.
Ø La política exterior
La política exterior de los gobiernos de Aznar siguió en líneas generales la trazada por el PSOE. Continuó sus compromisos con la OTAN, en cuya estructura militar se integró España en noviembre de 1996 con la aprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados. En este marco mantuvo el contingente militar en los Balcanes. Fueron cordiales las relaciones con los países iberoamericanos, excepto algunos problemas con Argentina y Chile tras el procesamiento de Pinochet por el juez Garzón, y con Cuba.
Se abrieron negociaciones con el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar y se cuidaron las relaciones con el norte de África, aunque no faltaron tensiones militares, especialmente con Marruecos, como la provocada por la ocupación marroquí del islote Perejil.
Muy fluidas fueron las relaciones con Estados Unidos. Fruto de la amistad entre Aznar y George W. Bush fue el apoyo que el presidente español prestó al estadounidense en la invasión de Irak en 2003, que despertó fuerte oposición entre amplias capas de la población española. El apoyo a la guerra de Irak fue uno de los principales factores de desgaste electoral que sufrió el Partido Popular.
3.3. La vuelta del PSOE al gobierno
Tras la derrota electoral de 1996 y la retirada de Felipe González, el P SOE había entrado en una grave crisis interna, como puso de manifiesto la derrota electoral en las elecciones de 2000. La elección en julio de ese mismo año de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general supuso el comienzo de la recuperación del partido. Zapatero hizo una oposición tranquila y de colaboración con el PP en temas como el terrorismo, aunque se opuso a la participación de España en la guerra de Irak.
Aznar convocó elecciones para el 14 de marzo de 2004 con las encuestas favorables al Partido Popular. Pero los atentados del 11 de marzo en Madrid cambiaron las cosas. El gobierno atribuyó la autoría a ETA incluso cuando ya había evidencias de que los autores eran terroristas islámicos.
La gestión poco transparente de esta crisis fue decisiva para que el día 14 el electorado se volcase a favor del PSOE. Rodríguez Zapatero obtenía la victoria con el 42,6 % de los votos frente al 37,7 % del PP.
La sombra del atentado estuvo presente en algunos medios de comunicación durante mucho tiempo y constituyó una de las causas de la gran tensión política que jalonó toda la primera legislatura de Zapatero.
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue retirar las tropas destinadas en Irak, con disgusto de Estados Unidos.
En la primera legislatura realizó una política de carácter social: matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley de Dependencia y la Ley contra la Violencia de Género; modificación de la Ley del Divorcio, etc. En 2006 se acordó la Ley de la Reforma Laboral con los sindicatos. Uno de los aspectos que levantó mayor polémica fue la reapertura del proceso autonómico. La reforma de los estatutos de varias Comunidades Autónomas provocó un fuerte enfrentamiento con el Partido Popular. En febrero de 2005 se refrendaba la Constitución Europea con una escasa participación del 41,7 %. Votó a favor el 76,3 %.
En 2005 también se iniciaba un proceso de negociación con ETA tras la aprobación de las Cortes. El PP se opuso. El atentado terrorista de diciembre de 2006 y otros posteriores evidenciaron que ETA no tenía ninguna intención de deponer las armas a no ser que el Estado se plegase a sus demandas.
Zapatero volvió a ganar las elecciones en marzo de 2008. Formó un nuevo gobierno con mayoría de mujeres. Destacaban María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta política, Pedro Solbes, vicepresidente económico, y Alfredo Pérez Rubalcaba, en Interior. Solbes fue sustituido en abril de 2009.
Su segunda legislatura comenzó con una relajación de la tensión política entre los dos principales partidos españoles. El problema más importante al que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno fue el de la crisis económica internacional, agravado en España por la crisis del sector inmobiliario, motor del crecimiento en los últimos diez años, y el aumento del paro. Otro aspecto destacable fueron los éxitos policiales contra el terrorismo etarra, con la caída de la cúpula de la banda de forma consecutiva gracias a la excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de España y Francia, aunque permanece la amenaza del terrorismo islamista.
En política exterior mejoraron las relaciones con Estados Unidos tras el triunfo de Barack Obama, y España siguió muy implicada en la política europea y reforzó las relaciones con Latinoamérica.
En las elecciones de noviembre de 2011 fue elegido presidente del gobierno Mariano Rajoy, con lo cual volvía al gobierno el Partido Popular y, esta vez, con mayoría absoluta. La superación de la crisis económica y la aparición de nuevos partidos de ámbito nacional (Podemos y Ciudadanos) plantea un nuevo escenario político. El resurgir del independentismo catalán es otro de los factores que condicionan las próximas elecciones planteadas para el mes de diciembre de 2015.
CONCEPTOS Y CRONOLOGÍA TEMA 14
1. Monarquía Parlamentaria: forma de gobierno en la que el jefe del estado es un rey que “reina pero no gobierna”, tiene poderes de arbitraje y está sometido a las Constitución. El gobierno es ejercido por el partido que obtiene la mayoría en las elecciones legislativas. Es la forma de gobierno democrática establecida por la Constitución española de 1978: el rey ostenta la representación suprema del estado y tiene funciones de arbitraje, pero la soberanía está en el pueblo, que delega su ejercicio en el Parlamento.
2. UCD: partido político fundamental en la transición del franquismo a la democracia. Bajo el liderazgo de Adolfo Suárez, integraba a exfranquistas, liberales, democristianos y socialdemócratas. Triunfó en las elecciones legislativas de 1977 y de 1979. Con esa mayoría parlamentaria llevó a cabo cambios democráticos fundamentales: la Constitución, los Pactos de la Moncloa, la ley de divorcio, la ley fiscal, los primeros Estatutos de Autonomía, etc. En 1980, la UCD comenzó a descomponerse por las discrepancias entre las diferentes corrientes que la integraban. Tras la derrota electoral del PSOE, incluso su propio fundador, Suárez, abandonó la UCD para crear el Centro Democrático y Social.
3. Adolfo Suárez: político que desempeñó un papel decisivo en la transición del franquismo a la democracia actual. Procedente de la burocracia franquista, en la que había sido director general de RTVE, fue propuesto para presidente de Gobierno en sustitución a Arias Navarro en 1976. Negoció con la oposición y presentó a las Cortes y a referéndum la Ley de reforma Política. Presidente de Gobierno tras el triunfo de su partido, la UCD, en las elecciones de 1977 y 1979, dimitió en 1981. Fundó posteriormente el partido Centro Democrático y Social.
4. Leopoldo Calvo Sotelo: último presidente del gobierno de la UCD en la etapa de transición democrática. Sucedió a Alfonso Suárez tras su dimisión como jefe de gobierno y bajo su mandato (de enero de 1981 a octubre de 1982, triunfo electoral del PSOE) se produjeron los siguientes hechos: intento de golpe de Estado del 23-F, aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico (LOAPA) entrada en la OTAN y Ley de Divorcio.
5. Pactos de la Moncloa: acuerdo nacional, suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas cámaras del parlamento. Se considera que este hecho institucional constituye uno de los cimientos, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986, de la España moderna y democrática de hoy. Los Pactos de la Moncloa son, básicamente, dos: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía). Mientras que el primero perseguía la consolidación democrática del país, que se perfecciona con la sanción de una nueva Constitución en 1978, el segundo plantea medidas urgentes destinadas a salir de la seria crisis económica y modernizar la estructura productiva.
Cronología:
Juan Carlos I es proclamado rey (1975)
Adolfo Suárez, presidente del gobierno (1976)
Matanza de Atocha (1977)
Legalización del Partido Comunista (1977)
Los españoles aprueban la Constitución (1978)
Golpe de Estado (1981)
Victoria por mayoría absoluta del PSOE (1982)
Firma de la adhesión de España a la CEE (1985)
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