LA DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA.
INTRODUCCIÓN
La
ineficacia del sistema monárquico parlamentario hizo que en un amplio sector
del Ejército, sensibilizado por su desprestigio debido al “Desastre del 98” y a
la derrota de Annual en Marruecos, surgiera la idea de sustituir en el poder a
“los políticos” y a los partidos a través de un golpe de estado. Diversos
factores explican que la dictadura militar empezara a contemplarse como una
solución a la crisis del país entre la alta burguesía, gran parte de las clases
medias y el Ejército:
-
Evitar las consecuencias del expediente Picasso que señalaba como responsables
a importantes generales (Berenguer) y a la propia Corona, a quienes se
culpabilizaba del desastre de Annual.
-
El auge de los nacionalismos periféricos y ascenso de republicanos y del
movimiento obrero (que suponían una amenaza para el orden social).
-
El triunfo del fascismo en Italia y el ascenso al poder de Mussolini que
imponía el orden y un férreo control del movimiento obrero).
DESARROLLO
El
golpe de estado tuvo lugar el 13 de septiembre de 1923, y fue encabezado por el
general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. No se trataba de
un pronunciamiento al estilo de los del siglo XIX en apoyo de un partido
político, sino que su objetivo era acabar con el propio sistema liberal de la
Restauración y establecer una dictadura
que “normalizase” el país. El rey Alfonso XIII dio su visto bueno a la nueva
situación, nombrando presidente del Gobierno al general.
La
Dictadura, que se presentaba como una “solución provisional”, fue bien acogida
por la burguesía, la nobleza y el clero (la oligarquía), partidarias de
restablecer un sistema de orden y seguridad, aunque fuese a costa de acabar con
las libertades de un régimen liberal-parlamentario. Las organizaciones de la
clase obrera reaccionaron divididas: mientras los socialistas aceptaron el
nuevo régimen, llegando al principio incluso a colaborar con él (por ejemplo,
el dirigente del PSOE Largo Caballero fue nombrado “consejero de estado” por
Primo de Rivera, aunque otros miembros se mostraron en contra de tal
colaboración), los anarquistas y el recién creado Partido Comunista estuvieron
en la oposición. También se mostró contra de la Dictadura un amplio sector de
los intelectuales debido a la política represiva que se ejerció en el terreno
cultural (el Ateneo de Madrid fue clausurado y Miguel de Unamuno sufrió el
destierro en la isla de Fuerteventura).
Políticamente
la Dictadura se divide en dos etapas: el Directorio Militar (1923-25),
formado por militares (que sustituyen a los gobernadores civiles) y de carácter
interino para resolver los problemas que inspiraron el golpe; y el Directorio
Civil (1925-1930), formado por civiles (que sustituyen a los militares) y que
persiguió la institucionalización del régimen.
El
directorio militar (1923-25).
El
Directorio Militar proclamó el estado de guerra durante dos años, suspendió la
Constitución de 1876 y las garantías constitucionales, disolvió las Cortes,
implantó la censura de prensa y prohibió las actividades de los partidos
políticos y de los sindicatos. Inmediatamente se impuso el orden público con
duras medidas represivas contra la CNT y el PCE, declarados ilegales. También
se reprimió cualquier manifestación del nacionalismo, tachado de separatista.
Así, a los pocos días del golpe, se prohibió el uso de símbolos del catalanismo
y del catalán en el ámbito oficial.
Paralelamente,
y con el objetivo de ensalzar la imagen de la dictadura para legitimarla, Primo
de Rivera acometió su proyecto regeneracionista: liquidar la estructura de
poder de la Restauración y organizar el nuevo régimen, mediante una reforma de
la administración que destruyese el caciquismo. Los gobernantes civiles fueron
sustituidos por gobernadores militares y se creó la nueva figura de los
delegados gubernativos, también militares, que ejercieron el control de los
nuevos ayuntamientos. Los ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por
juntas de “vocales asociados” elegidos por los mayores contribuyentes
estrechamente vinculados al sistema caciquil.
La
aprobación del Estatuto Municipal (1924) inició la formación de una
nueva administración adicta y centralizada, y el “descuaje” del caciquismo se
limitó a perseguir a los no adictos al régimen. Lejos de desaparecer, el viejo
caciquismo cambió de forma. También las diputaciones fueron disueltas y los
nuevos diputados provinciales fueron designados por lo gobernadores.
En
Cataluña, ayuntamientos y diputaciones cayeron en manos de personajes fieles al
régimen, y con el Estatuto Provincial (1925) desapareció la Mancomunidad. Ello
significó la ruptura definitiva, no solo con el catalanismo conservador de la
Lliga Regionalista, sino con la realidad catalana, lo que potenció el
nacionalismo radical e incluso separatista.
Primo
de Rivera, consciente de la impopularidad de la guerra marroquí, era partidario
de una solución negociada del conflicto. Asumió personalmente el Alto
Comisariado en Marruecos e intentó negociar la paz, ofreciendo a Abd-el-Krim
una amplia autonomía, lo cual irritó a los a los militares africanistas. Sin
embargo esta política del semiabandono animó aún más a Abd-e-Krim. Dos hechos
contribuyeron a dar un vuelco a esta situación: el ataque en 1924 a las tropas
españolas que se retiraban desde Xauen, que causó unas 2.000 bajas, y el avance
de Abd-e-Krim en el Marruecos francés, por lo que en 1925 Francia y España
acordaron una ofensiva militar conjunta por mar y tierra. La operación de
desembarco de las tropas españolas en Alhucemas fue un éxito y Abd-e-Krim, derrotado, se entregó a
los franceses y el territorio quedó sometido.
El
directorio civil (1925-30).
En
la reforma del gobierno, diciembre 1925, Primo de Rivera incluye tanto políticos de
derechas (Calvo Sotelo, el conde de Guadalhorce) como militares, es el
directorio civil. Coincidió esta etapa con una fase de prosperidad económica
general en Europa (felices años 20) y de paz social en el interior, que llevó a
una política económica donde se aplicó el dirigismo estatal. Combinó el
proteccionismo (aranceles y ayudas estatales) con el impulso al desarrollo
industrial, lo que permitió poner en marcha en España un ambicioso plan de
obras públicas para la construcción de carreteras y pantanos, y se favoreció el
desarrollo de la agricultura, industria y comercio. Nacieron las
Confederaciones Hidrográficas y algunos monopolios como la Compañía Telefónica
(vinculada a la ITT norteamericana) y CAMPSA (monopolio de petróleos). Fueron
años de crecimiento, aunque fue a costa de duplicar la deuda pública.
La
Dictadura, que se había presentado como una solución provisional ante el
desorden que vivía el país en 1923, pretendía ahora perpetuarse en el poder: la
creación de una Asamblea Nacional en
1927 que sustituía a las Cortes; y de la Organización Corporativa del Trabajo, especie de sindicato que
trataba de arbitrar entre patrones y obreros; iba en esa dirección de
institucionalizar el régimen, siguiendo el modelo fascista.
Sin
embargo, el prestigio del Gobierno se fue deteriorando a partir de 1927 por no
saber (o no querer) resolver otros problemas: su anticatalanismo le llevó a
perseguir la lengua de aquella región (los nacionalistas catalanes se
convirtieron en enemigos); también comenzaba a organizarse en la clandestinidad
el movimiento obrero, cada vez más comprometido con el republicanismo; y lo
mismo hicieron los intelectuales (como Ortega y Gasset y el doctor Marañón) y universitarios
(nace la F.U.E., Federación Universitaria Española). Además un sector del
Ejército también se le enfrentó pues agravó
el problema militar defendiendo el ascenso por méritos de guerra: Primo de
Rivera contentó a los africanistas con esa medida y al resolver el problema de
Marruecos, pero los peninsulares no estaban de acuerdo y dejaron de apoyarle.
La fuga del capital extranjero ante la inseguridad política que se avecinaba
agravó la situación, pues comenzó una crisis económica que se extenderá a la
década siguiente (el “crack” del 29). Todas estas circunstancias confluyeron en
una creciente oposición a la Dictadura. Consciente de la situación y temiendo
por su propio prestigio, Alfonso XIII provocó la dimisión de Primo de Rivera,
lo que se acabaría produciendo el 30 de enero de 1930. Para sucederle el rey
nombró presidente a otro militar, el general Berenguer (al que poco más tarde
sucedería el almirante Aznar), que tendría por misión organizar la vuelta a la
normalidad del sistema liberal establecido por la constitución de 1876.
CONCLUSIÓN
Pero
la vuelta al régimen anterior fue inviable. En agosto de 1930 se firmó el Pacto
de San Sebastián por regionalistas, constitucionalistas (o demócratas), socialistas
y republicanos. Su objetivo ya no era acabar con el régimen militar (que el
pueblo había bautizado como la “Dictablanda”), sino que iba directamente
contra la monarquía de Alfonso XIII. Desde ese momento la agitación política y
social fue aumentando. Hubo un intento de golpe de estado en diciembre a favor
de la República en Jaca, pero fracasó. La respuesta del gobierno fue convocar
elecciones municipales, a las que seguirían otras legislativas (con la
finalidad de crear unas Cortes constituyentes). Con estas convocatorias el rey
y su gobierno pretendían pasar gradualmente desde el sistema dictatorial
vigente a otro de corte democrático. Sin embargo la victoria en las principales
ciudades de los partidos republicanos firmantes del pacto de San Sebastián en las
municipales, dio al traste con ese proyecto gubernamental. Eso sucedió el 12 de
abril de 1931. Como reconoció el propio Aznar el día 13 a los periodistas, el
país se había acostado monárquico y se había levantado republicano. Dos días después el rey abandonó el
país (se exilió en Italia). El vacío de poder fue aprovechado por los partidos
republicanos para abolir la monarquía y proclamar la II República el 14 de
abril. Estos acontecimientos, a pesar de que suponían un cambio político
radical, se produjeron sin derramamiento de sangre.
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