BAJA EDAD MEDIA: Reinos
cristianos en los s. XIV Y XV
INTRODUCCIÓN. El
desarrollo político y económico en los reinos de Castilla y Aragón durante los
siglos XIV y XV es bastante diferente entre sí. Nos encontramos ante una época
clave que permitirá plantear la base de los futuros estados que dominarán la
península durante la edad moderna. Sin embargo, los modelos propuestos son
bastante divergentes, ofreciendo dos formas distintas de organizar los
territorios, el reino de Castilla y la corona de Aragón.
1. La Corona de Castilla
Ø Aspectos institucionales: fortalecimiento
de la autoridad monárquica e impulso centralizador.
Durante
los siglos XIV y XV, los rasgos más sobresalientes desde el punto de vista
institucional son la creación del Estado de base territorial, el
fortalecimiento de la autoridad del monarca
y la centralización del aparato político-administrativo. La disputa
durante los primeros siglos de la
Edad Media en torno a la condición monárquica de carácter
contractual (pactista) o autoritario se resuelve en Castilla a pesar del
enfrentamiento con el estamento nobiliario, a favor de la concepción
autoritaria del poder del rey.
El
Estado de base territorial.
Los estados peninsulares en su proceso de centralización, más destacable en la Corona de Castilla, deben
apoyarse sobre un territorio perfectamente delimitado por unas fronteras que
adquieren un sentido político, militar y fiscal. La creación de este Estado
territorial, conlleva la formación de unas instituciones centrales de gobierno,
la integración de los estamentos en un cuerpo único, el reino, y una autoridad
indiscutible, el monarca.
El
fortalecimiento de la autoridad del monarca. El Derecho Romano sienta los
principios teóricos en los que se fundamentan los cambios institucionales. Con
su difusión en Castilla, la concepción autoritaria del poder regio se ve
reforzada, puesto que será ahora el rey el único que tendrá el poder de
legislar (Ordenamiento de Alcalá de 1348).
El
reconocimiento de la facultad legislativa como propia del monarca era un paso
decisivo para la unificación jurídica del reino. El Ordenamiento de Alcalá
confirma el objetivo de imponer un instrumento jurídico común, inspirado en el
Derecho Romano, que prevaleciese sobre los fueros municipales y las Partidas. A
partir de ese momento, la legislación real será la principal, y además la única
fuente legislativa, lo cual es un elemento esencial del sistema absolutista.
La
centralización del Estado.
La mayor complejidad administrativa exigió la creación de nuevas instituciones
centrales de gobierno. En 1385, Juan I constituyó el Consejo Real (antigua
Curia Regia Ordinaria) como órgano consultivo del monarca en el gobierno y la
administración. Con la entrada en él de personas conocedoras del derecho romano
se reforzó la autoridad del monarca.
La
tendencia a la uniformidad jurídica y a la supremacía de la justicia real
culminó en las Cortes de Toro (1371) en la que Enrique II creó la Audiencia , órgano
supremo de justicia, integrados por gentes expertas en derecho (oidores). Desde
1442, la Audiencia
–o Chancillería- fijó su sede en Valladolid.
El
robustecimiento de la política de la monarquía requería disponer de un ejército
permanente al servicio de su autoridad. Pero las innovaciones en el
terreno militar hacían muy costoso su mantenimiento. Juan I, tras la inesperada
derrota de Aljubarrota (1385) contra los portugueses, proyectó la creación de
una fuerza permanente (Ordenamiento de Lanzas de 1390). Enrique III, en 1401,
obligó a las ciudades del reino a mantener un número fijo de lanceros y
ballesteros.
Todas
las transformaciones de la maquinaria político-administrativa referidas,
elevaban extraordinariamente los gastos de la monarquía. El desarrollo de la Hacienda se
convertía en la clave del reforzamiento de los poderes del monarca.
Finalmente,
el reforzamiento del poder real, supuso paralelamente el fin de la autonomía
municipal y el progresivo debilitamiento de las Cortes.
Desde
mediados del siglo XIV, con el establecimiento del sistema de regimiento, se
legalizaba un proceso ya iniciado con anterioridad: el paso de los concejos
abiertos al poder de la oligarquía de caballeros y hombres buenos de las
villas. Desde ahora los regidores, cargos nombrados por el
rey con carácter vitalicio, serían, junto a los oficiales, quienes
administrasen el ayuntamiento. El proceso de intervención y control real sobre
los municipios culminó con la figura del corregidor (oficial real con misión
inspectora) que con el tiempo pasó de ser excepcional y temporal a permanente,
convirtiéndose en el agente más eficaz de la centralización monárquica.
Las
Cortes
castellano-leonesas experimentaron a lo largo de los siglos XIV y XV un auge y
una decadencia paralela al afianzamiento monárquico. Las Cortes en la Corona castellano-leonesa,
fundidas en un solo organismo a comienzos del siglo XIV, carecían, al contrario
que las de la Corona
de Aragón, de facultades legislativas, pero en el curso del citado siglo
desempeñaron un importante papel en las crisis políticas y sociales. En
definitiva, las Cortes terminaron siendo un órgano cuyas únicas misiones eran
jurar al heredero y votar los servicios solicitados por el monarca.
Ø Aspectos políticos: enfrentamientos
Nobleza-Monarquía y entronización de los Trastámara.
Con
el reinado de Alfonso X de Castilla, llamado «el Sabio» (1221-1284), que fue
rey de Castilla a la muerte de su padre Fernando III «el Santo», se iniciaba
uno de los reinados más controvertidos del siglo XIII castellano. Un inicio
esplendoroso en cuanto a conquistas militares (aplaca la revuelta de los
mudéjares de Murcia) y avance cultural, se venía abajo al final de su reinado
por la aspiración al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, proyecto al que
dedicó más de la mitad de su reinado sin obtener éxito alguno. Los últimos años
de su reinado fueron especialmente sombríos, debido al conflicto sucesorio
provocado por la muerte prematura de su primogénito, Fernando de la Cerda, y la
minoridad de sus hijos, lo que desembocó en una la rebelión abierta entre tío y
sobrinos. Su hijo Sancho IVel Bravo, enfrentado a su padre Alfonso X por esta
cuestión, finalmente se hará con el poder. Pero siguiendo al historiador J. A.
García de Cortázar, tres serían las etapas generales en la evolución
político-social de la Corona
castellano-leonesa en la Baja Edad Media:
La primera (1280-1349) corresponde a los
reinados de Fernando IV (1295-1312) y Alfonso XI (1312-1350).
Durante
las minorías de ambos monarcas, la nobleza que, ya desde 1282 había rechazado
la postura romanista de Alfonso X, adoptó una actitud levantisca. Alfonso XI,
al tomar las riendas del poder la sometió con energía e impulsó la
centralización administrativa (sistema de regimientos y Ordenamiento de
Alcalá).
El
objetivo prioritario de la política exterior castellana en este período fue
establecer el definitivo control sobre el estrecho de Gibraltar. En 1340 y en
1343 derrotó a los benimerines que habían desembarcado en la Península y en 1344 con
la toma de Algeciras, se aseguró el dominio del estrecho.
También
en estos años del reinado de Alfonso XI, a la tradicional amistad
franco-castellana siguió una aproximación diplomática hacia Inglaterra para
asegurarse la ruta del Atlántico, vía principal de la exportación de lanas a
Flandes.
En
la segunda etapa (1349-1406)
se produce la más violenta reacción de la nobleza ante la postura autoritaria
de Pedro
I (1350-1369). El choque dará lugar a la guerra civil, en medio de una
grave crisis económica y demográfica, entre Pedro I y la mayoría de la alta
nobleza que respaldará las pretensiones de los hermanos bastardos del rey, encabezados
por Enrique de Trastámara, al trono de Castilla. La lucha adquiere el carácter
de una contienda internacional enmarcada en la Guerra de los Cien Años.
Pedro I acudirá al apoyo inglés y Enrique de Trastámara al de Francia.
El
triunfo de Enrique II de Trastámara (1369-1379), tras el asesinato de
Pedro I en Montiel (1369), supone la entronización de una nueva dinastía, pero,
y sobre todo, en el plano interno, el fortalecimiento de la nobleza, que a
través de las “mercedes enriqueñas” acrecienta sus rentas y señoríos y aumenta
su poder. La “nueva nobleza” trastamarista ocupa los puestos claves del
gobierno convirtiéndose en una oligarquía de funcionarios al servicio del rey,
pero cuyas ambiciones políticas no cederán en los años siguientes.
Pero
las concesiones a la aristocracia no fueron incompatibles con la continuidad de
la política centralizadora (creación de la Audiencia y del Consejo Real).
Durante
la tercera etapa (1406-1474)
resurge de nuevo la pugna decisiva entre la nobleza y la monarquía que
culminará con la definitiva instauración de la monarquía autoritaria de los
reyes Católicos (1479) y la unión de las coronas de Castilla y Aragón.
El
nuevo enfrentamiento de la nobleza con la monarquía se acentúa en los reinados
de Juan
II (1406-1454) y Enrique IV (1454-1474). Las luchas
adquirieron rasgos más complejos que en etapas anteriores, pues en ellas
intervinieron los infantes de Aragón, viviéndose en Castilla un estado de casi
completa anarquía. El enfrentamiento culmina en el reinado de Enrique IV. La
actitud levantisca de la nobleza frente al débil e indeciso soberano llega
hasta el extremo de que ésta proclame rey a su hermanastro Alfonso y que a la
muerte de éste le obligue a aceptar como sucesora a su hermana Isabel (Pacto de
los Toros de Guisando, 1468), en detrimento de los posibles derechos de su hija
Juana, apodada la Beltraneja.
El
matrimonio, en 1469, de Isabel con Fernando II, hijo de Juan II de Aragón, fue
interpretado por Enrique IV y por la nobleza como una ruptura del pacto. Como
consecuencia se produce un cambio de alianzas, la nobleza apoya ahora a Enrique
IV y proclama heredera a Juana. A la muerte de Enrique IV (1474) Isabel es
proclamada por sus partidarios reina de Castilla. Una nueva guerra civil se
desata en Castilla que concluirá con el triunfo de Isabel respaldada por
Fernando y con establecimiento definitivo de la monarquía autoritaria de los
Reyes Católicos.
2. La Corona de Aragón
Ø Aspectos institucionales: el
triunfo de la doctrina pactista
Mientras
en Castilla se consolida poco a poco el carácter autoritario de la monarquía y
se afianza el centralismo político-administrativo, en la Corona de Aragón, por el
contrario, a pesar de los intentos autoritarios, termina por imponerse el pactismo. En el plano teórico, la obra
de F. de Eiximenis, difunde en la
Corona de Aragón la versión contractual del poder político,
según la cual el monarca ejerce el poder en virtud de un acuerdo tácito entre
el soberano y los súbditos, fruto del cual es la solidez de las instituciones
“representativas” de la sociedad: las Cortes y las Diputaciones; así como el
respeto a la diversidad institucional de cada uno de los territorios que
integraban la Corona
de Aragón.
Esta
concepción contractual o pactista confería en la práctica a la Corona de Aragón un
carácter confederal y dotaba de una amplia autonomía a cada uno de los estados
que la integraban. La dificultad de gobernar territorios de distinta naturaleza
institucional y, sobre todo, la continua ausencia de los monarcas de sus
estados hispanos (especialmente en el reinado de Alfonso V) dio lugar al
nacimiento de un cargo original, que asumía, por delegación, bien parte o bien
todas las atribuciones del poder regio. Así, en el siglo XIV surge la figura
del procurador general, auxiliar del
rey en la administración, con funciones judiciales y militares, y que queda
vinculado al primogénito. En el curso del siglo XIV es instituido el gobernador
general, auténtico alter ego del monarca a quien se delegaba plenamente el
poder regio. Este proceso culminará en el siglo XV cuando se cree la figura del
lugarteniente general (virrey) que
recae en el primogénito o en los miembros de la casa real, y al que se le
confiere la delegación regia en el conjunto de los estados de la Corona de Aragón.
No
obstante, durante los siglos XIV y XV, en particular en el reinado de Pedro IV
(1336-1387) se llevó a cabo el desarrollo de instituciones centrales de
gobierno, que reforzaban el poder regio: la Cancillería
y el Consejo Real. Este inicial
avance centralizador, unido a la gran empresa mediterránea de la Corona catalano-aragonesa,
requirió como en Castilla un perfeccionamiento de la Hacienda real, dado el
simultáneo incremento de los ingresos y los gastos. El maestre racional y el contador
mayor de la Corte
fueron los oficiales reales encargados de supervisar la hacienda real y el bayle general o batlle general
desempeñó dicha función en cada uno de los territorios.
Las
instituciones representativas de los estamentos sociales, las Cortes, mantuvieron su arraigo en los
siglos XIV y XV. De ellas surgió la Diputación ,
en principio estuvo integrada por un grupo de delegados de las Cortes,
representantes de sus tres brazos, cuya misión era, en los periodos en que las
Cortes estaban clausuradas, asegurar la recaudación de los subsidios votados en
Cortes y velar por los acuerdos adoptados en ellas. En las Cortes Catalanas
(Cervera, 1359) la
Diputación adquiere un carácter permanente, con amplias
funciones, hasta el punto de convertirse en el órgano administrativo y político
fundamental de Cataluña, que recibe el nombre de Diputación del General o Generalitat. La Diputación del Reino de
Aragón (1412) y en Valencia (1419) siguen el modelo catalán, aunque en este
último nunca tuviese funciones políticas.
Otra
institución original, muestra del pactismo, fue elJusticia de Aragón, cuyas atribuciones fijaron las Cortes de
Zaragoza de 1348. El justicia, alto magistrado, juzgaba las disputas entre los
nobles, además de interpretar el derecho tradicional del reino.
Ø Aspectos políticos: de la Expansión Mediterránea
a la Guerra Civil
El
tratado de Almizra marcó el fin de la expansión territorial aragonesa por las
tierras peninsulares y su posterior orientación hacia el Mediterráneo.Jaime I el Conquistador se había hecho
con Mallorca (1232) y Valencia (1238), finalizando así su expansión peninsular.
Así, durante el siglo XIII, la
Corona de Aragón, al compás de su desarrollo comercial,
conoce una extraordinaria expansión en el Mediterráneo.
Esta expansión fue impulsada, en gran manera, por las ciudades y territorios de
la Corona de
Aragón vinculados a los intereses de los comerciantes, particularmente los
catalanes.Esta expansión comercial no va a tardar en ir acompañada de una
expansión política y militar, sobre todo a partir del reinado de Pedro
IIIel Grande (1276-1285). La conquista de Sicilia en 1282 inicia su
expansión, pero es aprovechado por la nobleza aragonesa para rebelarse y exigir
al rey que jurase el Privilegio General, donde se contenían sus demandas sobre
exenciones tributarias, inamovilidad en las tierras recibidas, defensa contra
la arbitrariedad, veto a los judíos para ejercer diversos cargos, etc. Alfonso
III el Liberal (1285-1291), hijo de Pedro III, fue el primero en
cumplir con el juramento, iniciando así una costumbre que se mantendrá hasta el
siglo XVII.No obstante, hubo de suscribir otro documento en esta línea, el
Privilegio de la Unión (1288), que suponía una auténtica humillación para el
monarca. Con Jaime II(1291- 1327) se
obtenían derechos sobre Córcega y Cerdeña y continúa la expansión de la Corona
de Aragón por el Mediterráneo y así, durante su reinado, tiene lugar la
creación en Grecia de dos nuevos estados catalanes: los ducados de Atenas y
Neopatria (1311-1391).Tras el breve reinado de Alfonso IV el Benigno
(1327-1336), lleno de disensiones con la nobleza, subió al trono, en 1336, Pedro
IV el Ceremonioso (1336-1387). Éste venció a los nobles aragoneses e
imponía el autoritarismo regio. No obstante, el Privilegio General se mantendrá
y el papel del Justicia seguirá siendo de gran importancia.
En
los siglos XIII y XIV, la
Corona de Aragón comprendía los reinos de Aragón y Valencia,
el Principado de Cataluña y los reinos de Mallorca (que retornó definitivamente
a la Corona en
1343) y Sicilia (1396), la isla de Cerdeña (sometida entre 1323-1324), el
Rosellón y los ducados de Atenas y Neopatria (vinculados directamente a la Corona desde 1380).
Tras
esta fachada de brillante expansión, en el reinado de Pedro IVse produjo la
grave depresión de mediados del siglo XIV –bache demográfico iniciado con la Peste Negra- y la
crisis financiera del Principado. La hostilidad hacia la política autoritaria
de Pedro IV y la inclinación de la
Corona hacia los intereses del Mediterráneo se aunaron para
desatar el enfrentamiento entre la nobleza y la monarquía, la llamada Guerra de
la Unión. Las
respectivas uniones de la nobleza aragonesa y valenciana exigieron el
cumplimiento del Privilegio General que les fue otorgado por Pedro III, pero
fueron derrotadas en Epila y Mislata.
En
los reinados de Juan I (1387-1396) y
Martín I (1396-1410), últimos
monarcas de la dinastía catalana, se sintió de lleno los efectos de la crisis
demográfica y económica que la política expansionista en el Mediterráneo
contribuyó a agravar. También se produjo un retroceso en el predominio
catalano-aragonés en el Mediterráneo: sublevación de Sicilia y pérdida
definitiva de los ducados de Atenas y Neopatria.
La
muerte de Martín I, sin sucesión, provocó un interregno (1410-1412) en el que
los graves problemas económicos-financieros y las dificultades en el exterior
(sublevación de Cerdeña 1408) en buena parte condicionaron la solución del
problema sucesorio. Siete pretendientes se disputaban el trono de la Corona de Aragón, entre
ellos Fernando de Antequera, de la dinastía de los Trastámara y nieto de Pedro
IV. Ante la violenta división interna de los reinos, un parlamento aragonés
reunido en Alcañiz decidió que nueve compromisarios (tres por cada reino)
decidieran sobre los derechos de los pretendientes al trono. En 1412
(Compromiso de Caspe) eligieron a Fernando de Antequera, entonces regente de
Castilla. Parece que la fuerza económica y militar y la experiencia política
del castellano, así como la división interna de los reinos, facilitó su
designación, aceptada por toda la
Corona de Aragón.
Fernando I (1412-1416) emprendió campañas
para pacificar Cerdeña y Sicilia; pero la crisis general y la rebelión de Jaime
de Urgel, uno de los pretendientes a la Corona , creó un clima de inestabilidad. Para
consolidar su poder en el reino tuvo que aceptar la concepción pactista y
otorgar amplias concesiones políticas a la Diputación del General
de Cataluña (Generalitat).
Cuando
llega al trono Alfonso V el Magnánimo
(1416-1458) la situación de la
Corona de Aragón y, en particular, del Principado, era de
aguda crisis económica y de fuertes tensiones sociales. El Magnánimo orientó su
política hacia un imperialismo agresivo con graves repercusiones para el
comercio catalán. Reanudó la ofensiva catalano-aragonesa en el Mediterráneo,
consolidando el dominio sobre Cerdeña y Sicilia. En 1423 emprendió la conquista
de Nápoles a la que convirtió en su residencia desde su entrada triunfal en
1442, desentendiéndose de los asuntos de sus territorios hispanos. Al final de
su reinado estallaron diversos conflictos sociales y políticos (payeses de
remensa, revuelta foránea de Mallorca, enfrentamiento entre la Biga y la Busca en Barcelona)
precedentes directos de la guerra civil que estalló en Cataluña en el reinado
de Juan II.
En
la guerra civil catalana (1462-1472) confluyen factores estrictamente
políticos, institucionales, sociales y económicos. Juan II (1458-1479) antes de acceder al trono de la Corona de Aragón, había
sido lugarteniente en Cataluña, enfrentándose con la oligarquía por su simpatía
hacia la causa de la Busca
y por secundar la política filorremensa de su hermano Alfonso V. De nuevo latía
en el fondo el enfrentamiento entre el pactismo y el intento de establecer una
monarquía autoritaria.
Las
hostilidades estallaron con motivo de la detención del heredero de Juan II,
Carlos príncipe de Viana, quien se había enfrentado con su padre por el trono
de Navarra (Juan II era rey de Navarra desde 1425) al que creía tener derecho.
La detención del príncipe de Viana motivó la protesta de Cataluña y el comienzo
de la guerra civil. Juan II, obtuvo el apoyo remensa, de la nobleza, de la Busca y del rey de Francia
Luis XI (al que tuvo que ceder el Rosellón y la Cerdaña ). Con el
casamiento de su hijo Fernando con Isabel de Castilla, consiguió tomar
Barcelona (1471). La
Capitulación de Pedralbes (1472) sellaba el final de la
guerra a cambio de amplias medidas de amnistía y el respeto a las instituciones
tradicionales. Pero el final de la guerra representó para Cataluña, ya agobiada
por la crisis económica, un estado de ruina y decadencia.
Conclusión. Como hemos visto, mientras
que el reino de Castilla plantea un modelo unitario que caminará hacia la
formación de una monarquía autoritaria, la corona de Aragón presenta un sistema
típicamente feudal basado en el pactismo entre las Cortes y el Rey. Partiendo
de esta base, la situación económica de ambas coronas se irá entremezclando con
el devenir político, dando como resultado un reino de Castilla en donde el rey
impone su autoridad en política, legislación y administración, mientras se
atrae a la nobleza ofreciéndole el máximo poder socioeconómico. Sin embargo, la
corona de Aragón se diferenciará por la evolución propia de cada uno de sus
reinos. El principado de Cataluña y Baleares disfrutarán de un gran desarrollo
económico-político en los siglos XIII-XIV, mientras que a fines del XIV entrará
en una grave crisis de la que no saldráhasta el siglo XVI. El reino de Aragón,
por el contrario, vive una recuperación demográfica enel siglo XV y Valencia se
convierte durante la segunda mitad del siglo XV en el centro económico y cultural
de la Corona de Aragón.
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